Por Nuria Fernández-Fernández, Dra. en Criminología
¿Es la prisión un tema que importe a la población española? Nuestra constitución blindó en su artículo 25.2 el principio de reeducación y reinserción social de las penas. De hecho, la Ley Penitenciaria de 1979 fue la primera ley de la democracia. Tampoco debería sorprender este hecho, conociendo la situación de las prisiones en la etapa franquista. Lo que sí me sorprende, y hablo como criminóloga, es que hayamos asistido a una cascada de reformas educativas (8 desde 1980, esto teniendo en cuenta que la efectividad de una ley educativa se puede medir a partir de los 10 años de su implantación) y nunca se haya tocado una coma de la Ley Penitenciaria o de su Reglamento de desarrollo de 1996. Esto teniendo en cuenta que su artículo 82.2 concede el tercer grado penitenciario a aquellas mujeres que realicen el «trabajo doméstico».
Esto, como diría Magrit Eichler (Eichler, 1991), es un claro ejemplo de «insensibilidad al género». Una medida que se cree beneficiosa para las mujeres, pero que realmente no lo es, porque lo único que logra es perpetuar el estereotipo de la mujer-familia. Y es solo un ejemplo, el único programa de tratamiento en prisión enfocado para mujeres se llama «Ser mujer»; las actividades y cursos que se les ofrecen son altamente estereotipadas, como peluquería, corte y confección o encaje de bolillos; los trabajos ofertados, que en su mayoría copan los hombres, son tareas de limpieza o lavandería… La mal llamada «perspectiva de género» no ha llegado a la prisión española.
Ahí van unos datos para que se pueda entender todo esto mejor: el 7% de la población reclusa en España es mujer. ¿En qué se traduce esto? Solo existen 4 prisiones femeninas en España. En la mayoría de las ocasiones, las mujeres son alojadas en pequeños módulos insertos dentro de una prisión repleta de hombres, que copan todos los recursos y presupuestos. Las mujeres presas son una minoría en prisión y, como minoría, sufren discriminación. No se desarrollan tratamiento penitenciarios enfocados en las características de las mujeres delincuentes, simplemente se adaptan los que existen para hombres. Como si la delincuencia masculina y femenina fuese igual.
Esto también significa que las mujeres presas no pueden dividirse por características o modalidad delictiva común, sino que se insertan en cajones de sastre donde conviven con pacientes psiquiátricas o con drogadicciones severas, entre otras. A lo sumo son divididas entre módulos de respeto (para aquellas que tienen buen comportamiento y siguen una serie de reglas y requisitos referentes a la higiene del espacio y personal) u ordinarios (el resto, encontrando aquí perfiles más violentos). Pero la peor situación de todas es el desarraigo, ya que el escaso número de mujeres presas a veces se traduce en mujeres desplazadas de su tierra porque en su provincia no hay recursos penitenciarios para ellas. Actualmente, hay 10 provincias que no cuentan con plazas para mujeres.
Este último escenario es aún peor si hablamos de mujeres presas que son madres de menores de 3 años. La legislación permite que tengan consigo a sus hijos menores de esta edad. Pero una prisión no parece el mejor lugar para criar a un hijo. Por eso se inventaron las Unidades de Madres, que son solo 6 en España: Sevilla, Alicante, Palma de Mallorca, Aranjuez, Madrid y Barcelona. Según los últimos datos, habría 56 niños y niñas repartidos por estas unidades. Si bien es una medida que podría valorarse como positiva, lo que no se regula es lo que viene después: la separación radical de su madre y pasar a verla un par de días por semana y, a partir de los 10 años, verla a través de un cristal. Todo esto teniendo en cuenta que 8 de cada 10 mujeres presas son madres.
Pero ¿cómo son las mujeres presas? El 70% están condenadas por delitos contra el patrimonio (robos) o contra la salud pública (tráfico de estupefacientes). No son delincuentes violentas, su delincuencia es funcional, es decir, para conseguir medios monetarios para sobrevivir. La situación se recrudece conociendo que el 80% son o han sido víctimas de violencia de género o sexual, que un número elevado de ellas son analfabetas y presentan sobre medicación y abuso de sustancias.
La mujer presa es, mayoritariamente, víctima de violencia patriarcal. Además, institucional y socialmente sufre un doble reproche: por mujer y por delincuente. La mujer delincuente es aquella que ha roto con el papel social que se impone a la mujer (lo que se ha conocido siempre como género), y el tratamiento penitenciario parece que se enfoca más en que reaprenda ese papel que en que se desarrolle como ser humano.
Lo narrado hasta el momento debería perturbar a cualquier persona que se considere mínimamente defensora de un Estado social y democrático de derecho. Lo que asombra es que hayamos tenido al Gobierno más feminista de la historia, con el Ministerio de Igualdad más diverso e inclusivo jamás visto, según su propia autodescripción, y no hayan considerado relevante atajar la situación penitenciaria de las mujeres presas. Todo lo contrario, les han buscado nuevos «compañeros de piso».
Como ya todos sabemos, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, permite el cambio de sexo registral a toda aquella persona que no esté de acuerdo con el que figura en su inscripción. ¿Cómo afecta esto a prisión? La Ministra saliente se excusó en el Senado alegando que la Ley no entra en ese tema, pero cuando un preso llegue a Instituciones Penitenciarias con una «F» en su documento de identidad, deberá ser mandado a un módulo femenino. Sino sería un acto discriminatorio contra una mujer por ser mujer y por no serlo.
¿Qué significa esto? Que con que 4000 presos varones cambien su sexo registral ya constituirían más de la mitad de la población reclusa femenina, viviendo un aumento nunca visto hasta el momento. Pero esto no solo va de reventar estadísticas, va de ocupar espacios ya de por sí marginales, donde viven mujeres con un historial de violencia machista.
Estos experimentos libertarios de autodeterminación de sexo se han traducido en la presencia de hombres violentos o agresores sexuales en módulos y prisiones femeninas de Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. De hecho, la mitad de los presos calificados como «Male to Female», es decir, mujeres trans u hombres transfemeninos, son agresores sexuales, lo que muestra una sobrerrepresentación de este delito entre esta población. Otro gran porcentaje corresponde a homicidas.
A la más que paupérrima situación de las mujeres presas, ahora se le añade tener que compartir sus ya escasas plazas y espacios con hombres que dicen sentirse mujeres. Y no olvidemos que son doblemente discriminados: por ser mujeres y por no ser mujeres (es decir, por “ser trans”), pero sobre todas las cosas, debe aceptar que son mujeres y tratarles como tales.
Precisamente, en los últimos días en nuestro país un hombre biológico acusado de homicidio ha ingresado en el módulo de mujeres del centro penitenciario de Mas d’Enric. Esto es un hecho que se ha confirmado oficialmente, pero es algo que las profesionales de la criminología podrían haber deducido únicamente por el modus operandi. Ahora, las presas de Mas d’Enric comparten sus espacios cerrados con un hombre violento.
No tenemos por qué hablar de agresores sexuales u homicidas, la simple presencia de un hombre en un módulo femenino viola las Reglas Mínimas de la ONU (ONU, 1955) para el tratamiento de los reclusos, que obligan a la separación por sexos (no géneros) en las instalaciones penitenciarias. Las Reglas de Bangkok (ONU, 2011), para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, podrían verse alteradas al modificar el perfil de mujer delincuente que estas detallan.
Quisiera finalizar con una anécdota, por llamarlo de alguna manera. Hace un tiempo comenzó a circular por las redes sociales una pregunta cuya respuesta dejó al mundo atónito. Se preguntaba a las mujeres qué preferirían, si quedarse a solas en un bosque con un oso o con un hombre. La mayoría elige al oso. Creedme, las mujeres presas preferirían un oso en su módulo antes que a un hombre. Una prisión ya es un lugar suficientemente hostil como para añadirle un plus de peligrosidad o intimidación. Nadie desea estar allí y mucho menos en un módulo masculino. Ni los propios hombres sienten que su integridad física o mental esté a salvo entre sus congéneres. No creamos que en el caso de las mujeres va a ser diferente. En el reciente asesinato de Reus, ya ni las autoridades ni los medios mencionan el sexo del presunto homicida en el módulo de mujeres de la prisión de Mas d’Enric. La alteración de las estadísticas ya ha comenzado. El descenso al último círculo del infierno de Dante ya es algo constatable.
