Por Karina Castelao
En la era de los bulos, rulan por los medios estadísticas de encarcelados que «demuestran» que la mayoría de las agresiones sexuales en España son cometidas por extranjeros. Obviamente, tales estadísticas no especifican la nacionalidad de los extranjeros, por lo que van en el mismo saco de violador el turista británico que viola en la playa a una chica en Magaluf que el subsahariano que ataca a una mujer que vuelve a su casa de trabajar de noche.
Sin embargo, las estadísticas también nos dicen que el 65% de las violaciones en nuestro país son cometidas por personas conocidas por la víctima y que este porcentaje llega hasta el 75% cuando se trata de víctimas menores de edad. ¿Cómo es posible entonces que porcentualmente en España haya más agresores sexuales extranjeros presos que nacionales pero que la mayoría abrumadora de violadores en nuestro país sean conocidos e incluso familiares de la víctimas? Pues porque la mayor incidencia de encarcelamientos (en muchos casos provisional) guarda poca relación con el número de agresores sexuales reales en nuestro país.
En España más del 90% de las agresiones sexuales no se denuncian. Y de las que se denuncian que suponen condena, solo un 40% terminan en pena de prisión. El otro 60% de las condenas se resuelven mediante acuerdos de conformidad, multas, cursillos o penas menores de dos años que no conllevan cárcel. Y todo ello porque los jueces acostumbran a guiarse en sus sentencias por razones tan «objetivas» como que la víctima vestía y se maquillaba de tal o cual forma, lo que hacía dudar a su agresor de si tenía o no edad de consentimiento, o que el victimario sobrepasa los 70 años y tiene salud frágil. Es decir, que en las cárceles los reclusos por delitos sexuales son hombres jóvenes, muchos sin juzgar, sin recursos y sin arraigo, algo que concuerda a la perfección con la población extranjera inmigrante.
Raro es el día que no aparecen en prensa noticias como ésta: «Cuatro años de cárcel para un hombre de Huelva por abusos sexuales a la amiga menor de su hija «de manera continuada»», o como ésta: «Detenido en Málaga a un hombre por agredir sexualmente y grabar imágenes íntimas de su hijastra, menor de edad.», o como estas otras: “Un hombre de 89 años que violó a su hija tetrapléjica durante cinco años es condenado a ocho años de prisión”, “Un abuelo agrede sexualmente a sus cinco nietas durante 15 años y la fiscalía le pide 39 años de cárcel” o “A prisión un abuelo de Gijón por agresión sexual de su nieta y almacenar “pornografía” infantil de la menor”.
Cabe señalar sobre estos últimos casos, de los que hay decenas y decenas de noticias en prensa, que acostumbran a ir acompañados de aclaraciones del tipo: “Abusa de su nieta de cinco años y el tribunal le rebaja la pena “porque estaba dormida”. La «indemnización simbólica» es de mil euros «, “La Fiscalía rebajó la pena de 6 a 2 años de prisión para el abuelo del municipio de Pájara que agredió sexualmente de su nieta en varias ocasiones y no ingresará en prisión . Además, fue condenado a pagar 7.000 euros.”, “El cáncer avanzado que padece deja libre al abuelo que agredió sexualmente de su nieta en Zamora. Ya ha abonado una indemnización de 30.000 euros” o “Evita la prisión un abuelo de Burela condenado por agredir sexualmente de su nieta de siete años”.
Es decir, que abundan padres, padrastros, padres de amigas, entrenadores, compañeros de trabajo, amigos de copas, jefes y hasta abuelos que agreden sexualmente a sus hijastras, pupilas, subordinadas o nietas. Sobre todo estos últimos de los que hay numerosas noticias a un solo click de ratón. Sin embargo a nadie se le ocurre hablar de “manadas de abuelos” o señalar a cualquier otro grupo poblacional como probable violador a partir de criterios como la edad, el parentesco o la profesión. Eso solo se hace con respecto a los extranjeros, sobre todo si son inmigrantes y pobres. Entonces sí se habla de “manadas de magrebís” o “manadas de MENAS” como si esa condición fuera el motor de sus agresiones y no el ser hombres, eso sí, obviando su condición de menores solos, pobres y desarraigados.
Pero, ¿por qué se denuncian tan poco las agresiones sexuales en España?
Pues entre otras razones que aducen las mujeres españolas para no denunciar, la principal es el miedo y la causa de ese miedo, la implicación personal con el agresor. Miedo a las represalias familiares, sociales, a la venganza, al ostracismo, a la revictimización, a no ser creídas. Y en segundo lugar, el sentido de culpa, o lo que es lo mismo, la creencia implementada por la cultura de la violación de que cuando una mujer o una niña es agredida sexualmente es porque algo ha hecho para provocar su agresión. Es decir, precisamente que la gran mayoría de los agresores sexuales sea del entorno de la víctima, hace que sea imposible en muchos casos desprender el crimen del elemento de “normalidad y cotidianeidad” que rodea las situaciones de agresión sexual en una sociedad patriarcal.
Es tan absurdo atribuir mayor incidencia de delitos de índole sexual a los hombres en función de su procedencia y no de su socialización masculina como lo sería atribuir mayor incidencia de cáncer de pulmón a las personas en función de su edad y no de su tabaquismo. Claro que es más probable que un hombre mayor desarrolle cáncer de pulmón que uno joven, pero no por su edad, sino por sus años de fumador. Y claro que es evidente que en las sociedades con un patriarcado de coerción como las islámicas y muchas con patriarcados duros como en Latinoamérica, los derechos de las mujeres se respetan menos o nada. Pero conocer la procedencia de los agresores sexuales solo ha de servirnos como elemento a tener en cuenta a la hora de prevenir, perseguir y castigar las agresiones, exactamente con el mismo grado de interés y severidad que debería de ocurrir con los agresores patrios.
La única razón para señalar a un colectivo concreto como causante de un delito es exclusivamente desviar el foco de atención y exculparse. De ahí el interés de la extrema derecha en que se crea que existe una abrumadora cantidad de violadores entre los inmigrantes cuando la realidad y los datos dicen lo contrario. Pero que ningún dato mate relato. Mientras tanto, los mismos que están preocupados por la seguridad de las mujeres de nuestro país son los que hablan de denuncias falsas por violencia de género, de la presunción de inocencia cuando el agresor sexual es español de pura cepa o un famoso futbolista aun extranjero, o de lo difícil que lo tienen hoy en día los hombres ya que cualquier loca resentida les puede arruinar la vida.
No estar encarcelado no hace a ningún hombre menos violador.
Si en España solo se denuncian el 8% de las agresiones sexuales y el 60% de las condenas no terminan en cárcel, es de suponer que la inmensa mayoría de los agresores sexuales está en la calle, bien o no denunciado o no encarcelado cumpliendo cursillos y pagando indemnizaciones, o en medio de recursos que no todo el mundo se puede permitir. Y si la inmensa mayoría de los agresores sexuales está en la calle aunque ya haya sido juzgado y condenado, no forma parte de las estadísticas de reclusos.
No olvidemos que la clave de la integración de los extranjeros es exclusivamente el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos, cumplimiento y respeto exigible igualmente para cualquier ciudadano que se encuentre en el territorio español. Todo lo que se les exija a ellos de más que a los nacionales es racismo y xenofobia.
