Por Eva Neila Ausín (Presidenta de Amables Titulares de Derechos)
La semana pasada, el caso de los audios filtrados entre José Luis Ábalos y Koldo García reventó no solo los límites del decoro en el PSOE, sino también el silencioso consenso en torno a la legalización encubierta de la prostitución. Esa conversación, donde se proponía “seleccionar mujeres” para un fin de semana, no fue uno hecho aislado, sino una muestra obscena de machismo institucionalizado. Lo más hiriente no ha sido solo lo que se dijo, sino lo que implicaba: el sexo pagado sigue siendo aceptado, tolerado y protegido por quienes detentan el poder.
Esa explícita propuesta de compra de cuerpos en clave de “fin de semana” reverberó con violencia en el debate político: acusaciones de “vómito” y “asqueroso” llegaron desde figuras clave del PSOE, que exigieron expulsiones y sanciones. El episodio no solo ha tensado al partido de gobierno, sino que ha sido la chispa que ha encendido este debate. Ana Redondo, hasta entonces prudente en su trayectoria, pasó a liderar la respuesta oficial: “en septiembre habrá un anteproyecto de ley abolicionista”.
El movimiento feminist+a lleva años trabajando en una Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP), que comprende tanto la prostitución como el proxenetismo y la demanda sexual masculina (Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, s. f.). La LOASP no nace al calor del escándalo, sino que condensa décadas de lucha feminista articulada en propuestas jurídicas concretas, redactadas por juristas, activistas y expertas en violencia estructural. Sin embargo, este borrador, articulado y consistente, ha sido sistemáticamente ignorado por la política. Hasta ahora.
Sus pilares son nítidos, firmes y contundentes: penalización de la demanda (multar y sancionar a quienes pagan por sexo); desmantelamiento del proxenetismo (persecución de intermediarios y redes); reparación y reinserción social (acceso garantizado a vivienda, salud, formación y renta básica, sin cuestionar la situación administrativa); y transformación educativa (desmontar el prejuicio que naturaliza el sexo pagado como ‘trabajo’ o ‘servicio personal’, así como la falacia que presenta la pornografía como arte, cultura o expresión sexual legítima).
Aprobar la LOASP supondría un cambio transformador con consecuencias concretas: según el último macroestudio del Ministerio de Igualdad, en 2023 había entre 152.735 y 184.234 mujeres en situación de prostitución en España, estimándose una cifra central aproximada de 170.000 Ministerio de Igualdad. (2024).
. La LOASP permitiría, mediante ayudas a la salida, acompañamiento psicosocial, recursos habitacionales y formación laboral, que miles de mujeres salieran de esa vulnerabilidad. Si se destinara un paquete de recursos equivalente a 500 € mensuales por persona durante dos años, para un colectivo de, por ejemplo, 50.000 mujeres, se moverían más de 600 millones € anuales en inversión social: una cuantía significativa, pero que comparada con la actual fractura estructural y el coste humano resulta muy eficaz. Además, al penalizar la demanda y desmontar las redes de proxenetismo, se debilitarían los incentivos económicos que hacen crecer el mercado. En suma, con voluntad política la LOASP no meramente simbolizaría la abolición: sería la palanca para reducir drásticamente el número de mujeres en prostitución, formalizar una red pública de reparación y estrechar el margen para la impunidad.
La división política: un mosaico complejo
Aunque tanto PP como VOX se declaran públicamente abolicionistas —una posición que cuenta con el apoyo de entre el 55 y el 65 % de su electorado—, sus actos desmienten sus palabras. En Málaga bloquearon ordenanzas municipales para penalizar la demanda local; en el Congreso votaron en contra de la creación de una subcomisión sobre prostitución; y, pese a declaraciones contra la trata, han evitado cualquier compromiso legislativo real. Su abolicionismo, en la práctica, funciona como una bandera moral sin consecuencias jurídicas.
Aunque el PSOE se declara abolicionista, el escándalo ha puesto en evidencia la contradicción entre su discurso público y sus prácticas internas: ahora condena el ‘consumo de prostitución’ y anuncia expulsiones, pero en febrero de 2023, PSOE, PP y VOX votaron juntos para bloquear una subcomisión de investigación sobre prostitución. Esa inhibición institucional revela el choque entre su discurso público y sus prácticas parlamentarias.
Unidas Podemos apoyó en 2022 la tramitación de la ley abolicionista, aunque con reservas y condicionada a un debate más amplio. No obstante, algunos de sus socios en el espacio Sumar —especialmente los comunes— han defendido una postura regulacionista: distinguen entre prostitución “voluntaria” y trata, y argumentan que la penalización de la demanda puede empeorar la situación de las mujeres. Este enfoque evidencia una fractura interna: se dice apoyar la LOASP, pero se intenta modificarla para que no incomode a los modelos de negocio que operan en los márgenes.
La regulación perpetúa la violencia. El modelo regulacionista postula que es posible distinguir entre prostitución forzada y voluntaria, protegiendo a estas últimas mediante seguridad jurídica, vigilancia sanitaria y derechos laborales. Pero la experiencia de países como Holanda y Alemania demuestra lo contrario: legalizar no solo no impide la trata, sino que facilita su expansión bajo una apariencia de legalidad. Las mujeres prostituidas siguen siendo migrantes, pobres y vulnerables. La regulación legitima el mercado sexual, y otorga cobertura institucional a redes mafiosas que se disfrazan de empresarios del “ocio”.
El responsable no tiene nombre ni apellidos, y por eso no puede sentarse en el banquillo de los acusados: el proxeneta difuso somos todos. Esa figura social, política y moral —difusa, sí, pero estructurante— está hecha de la suma de silencios, tolerancias y discursos tibios que permiten que los hombres sigan pagando por tener acceso sexual a mujeres vulnerables.
El concepto de proxeneta difuso nos interpela a todas: no se limita a quienes gestionan o lucran, sino que incluye a quienes pagan, justifican, normalizan o banalizan esta violencia. Quienes consumen sexo pagado —sea por “uso privado” o con disfraz de “servicio”— están ejerciendo violencia sexual. Y si el Estado no los sanciona, está encubriendo ese abuso. Ese silencio legal, esa permisividad social, es humus que alimenta el proxeneta difuso.
La próxima convocatoria en septiembre será determinante. Se puede optar por:
- Eludir el texto feminista con versiones edulcoradas que desvíen la atención con tecnicismos legales o enfoques sanitarios.
- Aprobar la LOASP, sancionando a los compradores, desarticulando redes, asegurando recursos de reparación y eliminando barreras incluso administrativas.
La diferencia es mayúscula: una norma firme y abolicionista o una ley cosmética que deje todo como está.
No basta con indignarse ante los audios del PSOE. El proxeneta difuso deja de serlo cuando actuamos:
- Exigiendo a quienes nos representan un compromiso claro con la LOASP a las y los representantes políticos para que apoyen la LOASP sin matices, sin tergiversaciones, sin maquillaje neoliberal.
- Participando en campañas ciudadanas, feministas y abolicionistas, que llevan años haciendo el trabajo que el Estado no asume.
- Reclamando a los medios, sindicatos, instituciones y espacios progresistas tratar este tema como una cuestión de derechos humanos, no de libertades individuales ficticias.
Solo así podremos romper la cadena que permite que pagar por sexo siga siendo un acto impune. La legalización no es neutral: es complicidad estructural con la violencia sexual.
El momento político se ha convertido en una oportunidad histórica. Tenemos la LOASP: un texto redactado, consensuado y madurado por el movimiento feminista. Con un marco claro, una estructura jurídica sólida y una ética inquebrantable.
La diferencia entre legislar en serio o perpetuar la violencia está en mantener el foco en la demanda, no en el relato. Si legislamos con valentía, habremos dado un paso real hacia una sociedad más justa. Si claudicamos, continuaremos encubriendo una forma silenciosa, rentable y profundamente patriarcal de violencia sexual.
El proxeneta difuso somos todas, mientras no exigimos que estas personas respondan por sus actos, mientras no reclamemos justicia para las mujeres que han soportado —y siguen soportando— este sistema y mientras no proclamemos con voz firme: el cuerpo de las mujeres no está en venta.
Y en ningún caso —como señala Unai Sordo— puede ser un lugar de trabajo.
Fuentes:
Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. (s. f.). Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP). https://leyabolicionista.es/
Ministerio de Igualdad. (2024). Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: Una aproximación cuantitativa. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaencifras/estudios/investigaciones/macroestudio-trata-explotacion-sexual-y-prostitucion-de-mujeres-una-aproximacion-cuantitativa/
