Por Karina Castelao
«Las niñas ya no quieren ser princesas» cantaba Sabina allá por los 80 mientras en España se empezaban a saborear las primeras libertades. Hoy, casi medio siglo después, las transgresiones que nacieron con el punk, los quinquis y los peinados imposibles, se han ido silenciando por una corriente que ve en la perpetuación de los clichés sexistas más reaccionarios, la nueva revolución. Ahora las niñas no solo no quieren ser princesas, sino que ya no quieren ser mujeres.
Porque la vida para las mujeres nunca ha sido fácil como decía aquella futura abuela que se congratulaba del embarazo de su hija mientras le decía a su amiga que ojalá lo que estaba por venir fuera niño.
Siempre fue difícil ser mujer, pero ahora es imposible en medio de esa pinza misógina que nos atrapa entre aceptar las imposiciones de un género cada vez más sexista o «cambiarlo» por el otro, pero nunca con la posibilidad de eliminarlo. Las niñas que cada día están más expuestas al machismo y a la violencia, que las cosifica en ese modelo cultural que se llama «cultura de la violación», no pueden transgredir el género para deshacerse de él, tienen que aceptarlo o amoldarse «haciéndose» del otro sexo. Como las hermanas de la Cenicienta cortándose los dedos de los pies para meterlos a la fuerza en un zapato que no es el suyo, las niñas de hoy en día que se niegan a aceptar las imposiciones de género han de cortarse partes del cuerpo para entrar en el sexo que tampoco es el suyo.
Cuando allá por 2021 cayó en nuestras manos el primer borrador de Ley Trans promovido por Irene Montero, las feministas nos las echamos a la cabeza sabiendo lo que se avecinaba.
El concepto de «identidad de género» traía consigo dos consecuencias catastróficas para las mujeres y las niñas. La primera, que cualquier persona (y cuando digo cualquier persona quiero decir cualquiera: agresores sexuales, asesinos, pederastas, enfermos mentales, maltratadores…) pudieran autodeterminarse de sexo femenino en el registro solo con solicitarlo con los peligrosos resultados que eso podía suponer para la población femenina en general. Y la segunda, que el abordaje afirmativo en el alivio terapéutico de la disforia de género en niñas iba a suponer una auténtica carnicería en cuerpos sanos con consecuencias indeseadas e irreversibles para su salud y una auténtica terapia de conversión de sexo a las bravas.
Teníamos como referente lo ocurrido en el Reino Unido (y otros países como Holanda o Suecia) donde el gobierno laborista de Theresa May (aun sin haber incluido la identidad de género en la legislación) había concedido plenipotenciaridad a la clínica Tavistock para «tratar» a toda la población con disforia de género, lo que desembocó inevitablemente en un aluvión de denuncias de mala praxis al NSH y que motivaron el encargo de un informe oficial, el Informe Cass, que desmontaba todos los supuestos beneficios del enfoque afirmativo de género en la infancia y adolescencia y sentaba las bases para la prohibición de las terapias de hormonación y quirúrgicas en menores con disforia.
Pero como lo de escarmentar en cabeza ajena es algo que nuestro país de charanga y pandereta no aplica jamás, el gobierno más progresista de la historia siguió con su propia ley trans que fue aprobada en marzo de 2023 con solo una pequeña modificación cosmética consistente en dejar su desarrollo pormenorizado a las CCAA.
Así, sin estudios ni informes reales sobre el impacto de la autodeterminación de sexo en menores y la terapia afirmativa e ignorando los realizados por organismos oficiales en otros países, tuvieron que ser las organizaciones feministas las encargadas de poner luz y taquígrafos sobre las graves consecuencias de la aplicación de la nueva ley.
Una de ellas, Feministes de Catalunya publicó en diciembre de 2022 el informe titulado De hombres adultos a niñas adolescentes: cambios, tendencias e interrogantes sobre la población atendida por el Servei Trànsit en Cataluña 2012-2021 y con el que pretendían analizar evolución de los casos atendidos por Trànsit entre los años 2012 al 2021 (incremento de menores, cambios en edad media y sexo) cuando la ley trans catalana ya había adoptado la identidad de género como base. La finalidad de dicho informe era denunciar la ausencia de protocolos clínico-psicológicos sólidos y el predominio de la autodeterminación, buscar el debate público y político e impulsar reflexiones sobre las implicaciones médicas, psicológicas y sociales del modelo transgenerista.
Tres años después son las feministas gallegas del Observatorio Feminista Galego (OFG) las que han publicado el informe Una pandemia invisibilizada: niñas que no quieren ser mujeres. Análisis de los datos oficiales sobre pacientes con diagnóstico de ‘Trastorno de la identidad sexual’ del SERGAS entre 2016 y 2024 en Galicia, (https://elobservatorio.gal/wp-content/uploads/2025/06/Informe-OFG-Una-pandemia-invisibilizada.pdf) con el que de nuevo se vuelven a demostrar, esta vez en esta comunidad autónoma -y mediante la aplicación de protocolos, o más bien la ausencia de ellos por parte del Servicio Galego de Saude (SERGAS)- la falta de evidencia científica de mejora para el alivio terapéutico del modelo afirmativo de género sobre todo en las adolescentes con disforia.
Me cuenta Diana Barcia, presidenta del OFG, que la idea de las feministas gallegas de emprender esta titánica tarea nació cuando, “recién publicado el Informe Trànsit, Silvia Carrasco dió una entrevista en el podcast de Radiojaputa donde animaba a asociaciones de todo el Estado a pedir los datos de diagnósticos de disforia de género a sus respectivas autoridades sanitarias. En el Informe sobre el modelo afirmativo en España de Confluencia Movimiento Feminista, pese a que habían solicitado los datos al SERGAS, Galicia estaba entre las comunidades autónomas que no habían respondido, junto con Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla. Así que, nos lo tomamos como un reto: había que conseguir los datos. Pero partiendo de la base de que no nos los iban a entregar”.
El objetivo inicial con este informe, “en ese primer momento, ante la posibilidad de no conseguir datos oficiales o de muy baja calidad, nuestra mentalidad era de ‘mejor no tener datos y que se retraten como una institución opaca, que nos den migajas y no conseguir información valiosa’. Por eso lo tuvimos claro, y seguimos con ese pensamiento: lo prioritario es conseguir testimonios que relaten en primera persona qué pasa realmente en las consultas de endocrinología, en atención primaria, y en las aulas. Como lo viven las familias que ven como a sus hijos le introducen conceptos metafísicos anticientíficos, que les dicen que su cuerpo puede estar dañado si no se ajustan a los estereotipos sexistas que la sociedad nos impone a todos. Y ese sufrimiento se oculta con medicación experimental e irreversible y operaciones arriesgadas sobre su cuerpo sano”.
Pero la empresa se encontró con grandes inconvenientes a lo largo de la investigación “principalmente la falta de colaboración por parte de las instituciones. Quizás el motivo principal fuera la falta de medios, pero también de interés para tratar esta información y hacer un seguimiento de ella. Cuando tras 6 meses después de la solicitud de información por fin conseguimos que nos entregasen los datos, la forma de estructurarlos consideramos fue intencionalmente opaca”. Recordemos en este punto la negativa de cualquier administración del estado de proporcionar datos sobre las personas trans u ocultarlos arguyendo el derecho a la protección de la intimidad de las mismas, como en el caso de la solicitada por la asociación Contraborrado sobre si el asesino Jonathan Robaina había sido trasladado a una cárcel de mujeres.
“Las franjas de edad” cuenta Diana Barcia, “no tienen sentido en un estudio del ámbito sanitario, y en consecuencia, nos ha impedido sacar conclusiones muy importantes, principalmente respecto al sexo y la edad de los pacientes.”
“Otro problema ha sido la falta de tiempo y de recursos. Las asociaciones como la nuestra deben poner recursos de los que en la mayoría de casos carecen, y se hace necesario sacrificar mucho en base al altruismo para poder sacar adelante un informe como este. Todas nosotras tenemos nuestras responsabilidades personales y profesionales, y como sociedad civil y por nuestro activismo feminista, nos hemos visto obligadas a dar un paso adelante ante la inmovilidad de las instituciones”.
Tales fueron las trabas de la administración que, “debido a la falta de transparencia tuvimos que recurrir a la institución de a Valedora do Pobo para poder exigir nuestro derecho a la información, y a pesar de eso, ni siquiera tenemos lo que pedimos. En vez de diagnósticos totales, nos los dieron condicionados a altas hospitalarias”. Es decir, los datos proporcionados correspondían al número de personas diagnosticadas con disforia de género que en algún momento y por la razón que fuera (una apendicitis, una neumonía) hubieran sido hospitalizadas.
El informe ha salido adelante gracias a “mucho sacrificio personal de cada una de las personas que conformamos esta asociación. Las 5 mujeres que hemos participado en este proyecto hemos tenido que hacer un esfuerzo extra más allá de las ya de por si exigencias diarias, pero ha merecido la pena. Cada una ha aportado lo que se le da mejor, y estamos muy satisfechas con el resultado. Ahora el informe es de todas, una herramienta para pedir rendición de cuentas a las instituciones, y ante los ataques de los transactivistas que intentan desactivar nuestra lucha con sus dogmas. Ahora tenemos datos para combatirlos”.
La miembros del OFG hubieran querido otra colaboración por parte de la administración en la cual “la transparencia fuera fundamental, y esperamos que tarde o temprano nos entreguen la información completa, como ya ha sucedido en otras CCAA y paises. Pero lo realmente importante es que la Xunta considere nuestras reivindicaciones y tomen la iniciativa de hacer una investigación interna similar a la del Informe Cass en UK. De haberla realizado por iniciativa propia y actuado en consecuencia, la sociedad civil no tendríamos que asumir su responsabilidad por su falta de actuación. Con expertos de diferentes ámbitos que analicen los datos desde la evidencia científica, o la falta de ella, sin la perspectiva dogmática de las asociaciones transactivistas que habitualmente asesoran a las instituciones en este tema tan delicado”.
En el OFG “somos ambiciosas, por lo tanto consideramos que aún no hemos cumplido nuestros objetivos. Seguimos exigiendo transparencia y los datos tal y como los habíamos solicitado hace un año, nuevamente hace un mes. Además seguimos preparando más anexos a este informe donde vamos a indagar aún más en el ámbito de la educación y las repercusiones de todo ello en la sociedad gallega”.
Satisfechas con los resultados, al menos por el momento,“estamos muy orgullosas del trabajo conseguido porque no era fácil y solo nuestra incansable motivación y el aliento que nos dimos las unas a las otras, y el apoyo de otras asociaciones feministas afines del feminismo radical, nos ayudaron a sacar este informe adelante. Nuestro objetivo siempre ha sido que los datos y los estudios hablen por ellos mismos dando información contrastada y verificada a la sociedad y creemos que es lo que hemos entregado. Esperamos que la difusión continúe para que llegue lo más lejos posible, y queremos dejar claro que esto es solo el comienzo y que el informe seguirá creciendo y seguiremos tratando éste y más temas que creemos vital que la sociedad conozca”.
Dado que a partir de septiembre está previsto que el Tribunal Constitucional retome el debate sobre los recursos de inconstitucionalidad de la actual Ley Trans, sobre todo en lo referido a las dos cuestiones problemáticas que antes señalaba -la autodeterminación de sexo y la aplicación de terapias afirmativas de género en menores-, y dado el rechazo a la ponencia propuesta por Luis Campo que en nada modificaba ambas cuestiones y validaba de facto la constitucionalidad de la susodicha ley, desde Confluencia Movimiento Feminista se ha enviado al pleno del Tribunal los informes de Trànsit (Feministes de Catalunya), Modelo afirmativo en España (Confluencia Movimiento Feminista), Garenak (Navarra) y Observatorio Feminista Galego (Galicia) junto con el libro “La coeducación secuestrada” de Docentes Feministas por la Coeducación (Dofemco) para que tomen una decisión informada.
Todavía hay un rayo de esperanza para las niñas y las mujeres en España.
