Capítulo XIII
Uber y Cabify no son seguras (y tenemos las pruebas)
Cuando comenzamos con Taxi Project decidimos que, entre otras cuestiones, uno de los pilares en los que se debían sostener nuestras acciones tenía que ser la lucha por los derechos de las usuarias y usuarios ya que el taxi a diferencia del VTC, se rige por unas normas muy estrictas para poder garantizar que en todo momento se cumple la legislación sobre derechos de los clientes dada su naturaleza de servicio público, lo cual creímos que debía ponerse en valor como elemento diferenciador entre los taxistas y Uber y Cabify a la vez que se nos abría otro flanco para atacar a estar empresas tanto en los tribunales, como a nivel mediático ya que al fin y al cabo, estamos hablando de que la falta de garantías que prestan estas empresas hacen que, a diferencia del taxi, sus servicios no sean seguros, algo que es necesario poder hacer llegar al público porque representa un perjuicio muy grave y no sólo a clientes de VTC, sino también al resto de la ciudadanía.
Por otra parte, tengo que reconocer que el hecho de ponerme a analizar las condiciones de los contratos de Uber y Cabify no fue fruto de la casualidad ni tampoco una genialidad resultado de observación o de una reflexión profunda, simplemente sucedió que por mi trabajo estaba acostumbrado a estudiar punto por punto las cláusulas de los servicios de las diferentes compañías de telecomunicaciones con el fin de poder ayudar a los usuarios que tenían dudas o que no entendían el resultado de la reclamación que habían presentado ante el ministerio por alguna disconformidad con su compañía, lo que me permitió adquirir cierta destreza a la hora de poder detectar y examinar la famosa “letra pequeña” de cientos de contratos de prestación de servicios, algo que extrapolado a Uber y Cabify, me hizo descubrir otra abertura en la que podíamos atacar a estas empresas.
De este modo sacamos a la luz lo que posiblemente sea uno de los abusos a los derechos de los consumidores más descarados y flagrantes por parte de un grupo de empresas contra los usuarios en este país: Uber y Cabify no se responsabilizan de la seguridad del servicio que prestan.
Repito, Uber y Cabify no pueden garantizar ni que su servicio cumpla con las medidas más básicas de seguridad ni con los derechos de los usuarios. Y nosotros lo demostramos una vez vimos que sus contratos estaban plagados de cláusulas abusivas que vulneraban un gran número de normas, tanto de directivas europeas como de leyes estatales, en este caso relacionadas tanto con los servicios de la sociedad de información y el comercio electrónico como en relación a los precios, la protección de datos e incluso hasta de preceptos de una sentencia del Tribunal Supremo.
En consecuencia, por todas estas cuestiones en el 2021 presentamos una reclamación ante la Dirección de Consumo de la Comunidad de Madrid. Está denuncia fue elevada a la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control de Mercado la cual, dio apertura de un expediente para investigar estos hechos.
En este punto me gustaría concretar más sobre la demanda porque en muchas ocasiones tras presentar muchos de estos procedimientos, todo se queda en algo un poco abstracto sobre lo que hemos demandado y estamos hablando de algo muy grave como son las cláusulas de “limitación de responsabilidad” que se reflejan en los contratos de ambas empresas de transporte y sobre las que se centra la prestación de sus servicios.
En este caso se trata de una serie de condiciones vienen a indicar que pese a que el cliente contrate el servicio directamente con Uber o con Cabify, estas empresas no se hacen responsables del servicio que prestan dejando toda la responsabilidad al conductor, algo que entendemos que es muy peligroso y que vulnera los derechos más fundamentales del consumidor y sobre todo que se trata de un atentado a las garantías y a la seguridad de cualquier persona que esté usando un servicio tan importante como es el transporte de pasajeros ya que al final, este tipo de cláusulas implican que Uber y Cabify pese a ser las partes contratistas no se hacen cargo de lo que te pueda suceder durante el viaje, como un accidente o un cobro abusivo.

Además, por medio de estas cláusulas tampoco garantizan cuestiones tan importantes como que el vehículo disponga de los permisos obligatorios, ni que el conductor tenga preceptivo carnet de conducir o que simplemente el vehículo esté asegurado y con todas las inspecciones aprobadas.
“Uber no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, incluido el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos, o en relación con o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, incluso aunque Uber hay sido advertido de la posibilidad de dichos daños” (Condiciones Generales 5. Renuncias; Limitación de responsabilidad; Indemnidad).
Y en cuanto a Cabify:
“El Usuario renuncia y exonera a Cabify de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el tercero transportista” 8. Régimen de garantías y de responsabilidad”.
Esto es un atropello a los derechos de los consumidores como nunca se había visto y que suponía que clientes de estas empresas eran obligados a firmar un contrato lleno de cláusulas alarmantemente abusivas.
Y es que, siendo aún todavía más concreto, según analizamos, estas dos cláusulas vulneraban tanto la sentencia 748/2001 del 23 de julio de 2001 del Tribunal Supremo así como varios preceptos relacionados con la atención al cliente y los derechos básicos de la normativa de defensa de los consumidores y usuarios los cuales consideran estas condiciones como abusivas (RD 1/2007 Cap. II Art.8,10, 21, 82,86,161,162).
Además, también cabe destacar que hemos encontrado en esta misma cláusulas de limitación de responsabilidad otro incumplimiento según establece la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores en su artículo 3.
En cuanto a la ley que regula los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, al ser otra de las normas a las que se someten sus servicios y que violan sistemáticamente como indicaba, Uber y Cabify estarían vulnerando su responsabilidad como prestadores de los servicios de la sociedad de la información, (34/2002 Art.13).
De igual manera y únicamente en el caso de Cabify, al no informar en sus contratos si están adheridos o fuera del sistema de arbitraje de Consumo, creemos que estarían incumpliendo el artículo 24 del Real Decreto 231/2008 por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
Finalmente, aparte de todas estas normas, en nuestra investigación también detectamos en las cláusulas de limitación de responsabilidad graves incumplimientos en cuanto a tratamiento de datos personales y de transparencia frente a los usuarios, más concretamente sobre el Reglamento de la UE 2019/679 en cuestiones tales también como “Principios relativos al tratamiento”, “Información y acceso a los datos personales”, “Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento” o “Responsabilidad del responsable del tratamiento” (Cap. II Art.5, Cap. III Sección 1. Art.12, Sección 2 Art.13, Cap. IV Sección 1 Art. 24).
En relación a la protección de datos de competencia estatal, según la ley española, llegamos a la conclusión de que la limitación de responsabilidad viola el artículo 6 “consentimiento del afectado”, el artículo 5 “derecho de información en la recogida de datos” y el artículo 12 “acceso de datos por cuenta a terceros” (Recuerdo que aparte de estos artículos, la misma ley también establece sanciones en su artículo 44).
Asimismo, también en cuanto a protección de datos, durante nuestro estudio, hemos llegado a la conclusión de que Uber y Cabify incumplen un derecho tan fundamental como es el derecho de acceso (Artículo 15).
Por último, en cuanto a precios, el equipo de Taxi Project en el mismo informe descubrió que se estaban vulnerando varias directivas europeas en cuanto a lo que estas empresas denominan precios en “alta demanda”.
El precio en alta demanda se trata de la aplicación del coste de viaje al usuario en base a la demanda de vehículos, es decir en que cuanto menos coches de Uber, Bolt o Cabify haya disponibles en un determinado momento el precio es mayor sin parar de subir.
En nuestra opinión, la alta demanda aparte desprender mucho oscurantismo, es una vulneración muy grave del derecho de los usuarios de disponer de una información real, clara y actualizada sobre los precios, ya que nadie conoce el que se basa el algoritmo que se aplica para subir el precio del servicio.
Pero lo más grave de la alta demanda es que se trata de una forma de aprovecharse de la necesidad del usuario ya que al final, Uber y Cabify se benefician de la urgencia de sus clientes para subir los precios sin control y de manera indiscriminada.
No obstante, ésta práctica también está contemplada en los contratos ya que según indica Uber en sus condiciones: “Uber, en cualquier momento y a su sola discreción, se reserva el derecho de establecer, eliminar y/o revisar los Cargos para alguno o todos los servicios o bienes obtenidos a través del uso de los Servicios. Además, usted reconoce y acepta que los Cargos aplicables en determinadas zonas geográficas podrán incrementar sustancialmente durante los periodos de alta demanda”
Por parte de Cabify, en cuanto a la subida de precios explica también: “El Usuario acepta que en los periodos de mayor demanda se cobre un coste adicional variable. Este coste adicional se encuentra incluido en el precio final.”
Esto choca con la directiva Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, en su sección 1 en cuanto a prácticas comerciales engañosas o en su artículo 7 (Omisiones engañosas).
También entendemos que la alta demanda incumple la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores en su capítulo III, artículo 6 en cuanto a los requisitos de información de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento.
Por contra y como señalaba al principio, en comparación, el taxi al ser un servicio regulado por leyes estatales, autonómicas y municipales, son estos organismos públicos los que marcan tanto las obligaciones que tienen los taxistas como los derechos de los usuarios, por lo que a diferencia de Uber o Cabify, el taxista siempre es el responsable único del servicio que se presta (en el caso de Madrid sería el artículo 22 de la Ordenanza del Taxi) y el precio está ajustado al interés general. Además, ante cualquier reclamación los taxistas tienen la obligación de someterse personalmente ante los organismos públicos de consumo que a su vez, son los que marcan los precios del servicio junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos por medio de una comisión de tal manera que el coste que se marque sea asequible para el usuario y rentable para el taxista.
Dicho esto y volviendo a nuestra denuncia, somos conscientes de que es difícil que se actúe de manera contundente contra estos abusos, porque en España no vale con que un sindicato como Taxi Project haya denunciado los contratos, ya que para mover toda la maquinaria institucional se necesita un gran número de clientes que demanden a estas compañías, algo que lógicamente consideramos que es totalmente absurdo porque los contratos siguen ahí siendo las mismas autoridades competentes las que han permitido que Uber y Cabify puedan operar sometiendo a los clientes a estas cláusulas.
También quiero aclarar que por lo menos por mi parte, el objetivo no está en que estas empresas dejen de cobrar precios totalmente desproporcionados en comparación con el taxi como pretende ahora Sumar abriendo una investigación, sino hacerlas pagar por incumplir la ley llegando hasta donde haya que llegar.
Si Uber y Cabify no respetan a sus clientes y únicamente pretenden “estrujarles” a costa de su necesidad es cosa suya. El problema son las mentiras y la falta de información que hay sobre ello, lo que no permite que el cliente pueda elegir con todas las consecuencias o directamente, la información falsa que se lanza desde estas empresas para opacar al taxi y que por desgracia ha provocado que desde hace años haya un gran número de reclamaciones de usuarios en redes sociales que nunca van hasta el final, ya que normalmente no suelen ser importes elevados, por lo que sin un gran número de denuncias según nos han dicho siempre, el estado no puede considerar que sea una práctica por parte de estas compañías pese a que los contratos sean claramente abusivos.

Yo no quiero que Yolanda Díaz haga una investigación para demostrar que Uber y Cabify cobran precios abusivos y son inseguros. Lo que necesito es que los exponga públicamente y tome las medidas legales pertinentes tanto contra estos abusos, como sobre la evasión fiscal y la explotación laboral de la que llevan años haciendo gala pero sobretodo que explique que en comparación, el taxi es seguro y más barato, tal y como sucede. Y luego que el cliente elija sabiendo.
Por esta razón este trabajo nos ha servido de base para otras acciones enfocadas en otros ámbitos como el fiscal o el relacionado con el derecho a la Competencia.
No obstante, cabe destacar que Uber y Cabify ya han sido sancionadas por la autoridad de Consumo de Andalucía por vulnerar los derechos de los consumidores gracias a sendas denuncias de FACUA por lo que parece que estamos en la dirección correcta.
En conclusión hasta que llegó Taxi Project y el Jefe me dio la libertad para poder desarrollar este trabajo, las asociaciones de taxistas no tuvieron ni el más mínimo interés ni en esta labor, ni siquiera en explorar esta vía como un línea más de ataque contra estas empresas pero que en esencia, se tratan de acciones que sirven para defender los derechos de los clientes que desde nuestro punto de vista, han ayudado mostrar la realidad tal como es de modo que el servicio público del taxi se pueda diferenciar de Uber y Cabify por su seguridad, por su profesionalidad pero encima de todo, por sus garantías.
De todas formas, es una pena que solo nosotros y nosotras y asociaciones como Facua hayan denunciado los abusos de Uber y Cabify ya que por ejemplo, hace dos años en la Conferencia Nacional del taxi a la que acudí como representante de Taxi Project, le estuve comentando todo esto a una persona de la OCU que había ido al acto e incluso les hice llegar un dossier con bastante información por si podían hacer algo, pero parece ser que no les interesó ni para contestarme que lo habían recibido.








