Organizarse o morir- Los taxistas contra el capitalismo de plataforma- Capítulo II Parte 3

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Ese mismo mes también tuvo lugar uno de los procedimientos judiciales más trascendentales en la historia del taxi que en gran medida decidiría el futuro del sector y que poco más tarde, acabaría por convertirse en la mecha que encendió una serie de protestas que provocaron la que sería la huelga más importante de los taxistas hasta ese momento. 

En este caso me refiero al juicio en el que el Tribunal Supremo iba a decidir si mantener o derogar la ley que establecía que en cada ciudad debía haber 1 VTC por cada 30 taxis tras ser recurrida por la CNMC con la intención (una vez más) de liberalizar el sector, tal y como quería Uber. 

De este modo, los taxistas se encontraban en una situación crítica ya que en el caso de que el Alto Tribunal tumbase esta proporción, el futuro de un servicio público formado en su mayoría por autónomos estaría condenado a su desaparición al otorgarle vía libre a una multinacional con fondos ilimitados, sin ningún tipo de norma que pudiera controlar su actividad y que desde que llegó a España había estado amenazando con apoderarse de todo el mercado del transporte de pasajeros para poder someter a los usuarios a sus intereses y a su peligroso modelo de negocio.

El problema era que esta norma que establecía un ratio entre taxis y vehículos VTC que la CNMC pretendía tirar se había redactado años atrás para prevenir futuros problemas entre los dos tipos de transporte por una cuestión de ordenación territorial y para poder ajustar la oferta a la demanda existente, por lo que en caso de que el Supremo estimase la denuncia, provocaría un daño irreparable al resto de los actores de la movilidad ya que la entrada sin control de los vehículos de Uber y Cabify convertiría en un caos la circulación de las ciudades por el aumento del tráfico de manera desmedida. Además, el control del número de vehículos VTC tal y como estaba establecido con la proporción 1/30 paliaba el problema de la contaminación como consecuencia de la circulación masiva de los coches de Uber y Cabify, una cuestión de vital importancia ya que desregulación de los VTC afectaba también a la salud del resto de ciudadanos y ciudadanas derivada de la gran cantidad de emisiones nocivas de estos coches. Por último, eliminar esta proporción favorecería una invasión de vehículos VTC provocando un desajuste entre la oferta y la demanda la cual, al aumentar la flota de vehículos disponibles muy por encima de la base de clientes, generaría más gasto a los taxistas y a los conductores de Uber y Cabify por culpa de los viajes en vacío ante la falta de trabajo, haciendo que las horas laborables no fueran productivas para ambos sectores, lo que les obligaría a trabajar durante jornadas más largas para conseguir los mismos o incluso menos ingresos. 

(Sí, efectivamente, lo de que en las ciudades tenía que haber como máximo 1 VTC por cada 30 taxis tenía una justificación en base al interés general que había sido avalada por las leyes. No nos lo inventamos los taxistas como se atrevieron a afirmar durante años desde la prensa afín a las plataformas para seguir erosionando nuestra reputación).

Además, como curiosidad, el destino hizo que la resolución estimatoria sobre la impugnación de la CNMC contra esta ley coincidiera casi en el tiempo con la sentencia del TJUE en Europa, algo que describe perfectamente lo que fueron esos años tan convulsos para los taxistas, en el sentido de que cuando parecía que tras mucho esfuerzo habían conseguido sofocar un gran fuego, se empezaba a avivar la llama de otro mucho mayor. 

En cuanto la CNMC, tengo que decir que me parece increíble que un organismo pagado con el dinero de todas y de todos y supuestamente independiente funcione como un simple sicario de una transnacional en su particular guerra contra un servicio público. De verdad que nunca entenderé la obsesión tan malsana que tiene la gente que controla estas instituciones o cualquier otra autoridad de la Competencia en acabar con el taxi. Y no les estoy acusando de nada, ellos y ellas mismas se han retratado con sus actos y con las declaraciones públicas de sus responsables desde hace mucho tiempo. 

Pero bueno, tras haber sufrido tanto ya no nos sorprende que Uber les utilice como un arma para derribar a los taxistas, ya que por mucho que sean un organismo público con plena autonomía para tomar decisiones, su forma de actuar intentando tumbar todas las leyes que puedan perjudicar los intereses de estas plataformas, como señalaba, sólo demuestra lo que estoy diciendo. Esto en cualquier otra parte sería un verdadero un escándalo porque al final, se trata de una institución pagada con el dinero de todas y de todos y con un poder inmenso que debería de utilizar para evitar los abusos a los usuarios pero que por desgracia, sólo utiliza para bailar como una marioneta al ritmo que le ha marcan dos grandes multinacionales que llevan años intentando quedarse todo el mercado del transporte de pasajeros de nuestras ciudades llevándose al taxi por delante. 

En conclusión, teníamos a Uber y a Cabify usando el poder público y el dinero de nuestros impuestos (impuestos que estás empresas no pagan en España) para tumbar leyes y barrer del mapa a un servicio esencial y que es de todas y todos como es el taxi. 

Pero la avaricia rompe el saco y la codicia de estas empresas llegó a ser tan desmesurada que semanas antes del juicio y de manera inesperada, Uber, Cabify y la patronal de los VTC que actuaban junto con la CNMC como parte demandante, acabaron separándose después de que el abogado que actuaba con todas las partes renunciara a seguir trabajando para la patronal de las VTC y para Cabify, haciendo saltar por los aires toda la estrategia de estas empresas para el juicio, a la vez que dejaba a la CNMC en una situación muy comprometida al tirar por tierra todas esos falsos argumentos que habían estado utilizando contra el sector, ya que se demostraba ante la opinión pública que el objetivo de Uber y Cabify no tenía nada que ver con mejorar el servicio de transporte de pasajeros como llevaban años vendiendo, sino que era únicamente apoderarse de un sector estratégico para nuestra economía con el fin hacer rehenes de sus intereses a todas y todos aquellos ciudadanos que lo necesitasen en algún momento o de utilizar permisos administrativos para ganar dinero especulando.

En este caso lo que sucedió fue que en un giro dramático de los acontecimientos, la patronal de los VTC y Cabify se posicionaron de manera más cercana al taxi que a los intereses de Uber y de la CNMC, lo que provocó que el asesor jurídico (que era el mismo para todas las partes) optase por irse únicamente con el gigante norteamericano, abriendo de este modo una importante brecha entre los demandantes.

Y es que Cabify y la patronal no estaban de acuerdo a tumbar la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis como pedía Uber y la CNMC porque que sabían que provocaría una bajada drástica de los precios de las autorizaciones en un mercado secundario que les servía como principal fuente de ingresos a través de un laberinto de empresas dedicadas a la compra y venta de las VTC porque claro, si se liberalizaba todo el transporte de viajeros tal y como pretendía el gigante de Silicon Valley, nadie en su sano juicio iba a pagar 50.000 euros por una autorización que pasaría a valer poco más de los 30 que suponía el coste del procedimiento administrativo para solicitarla.

Fue una situación bastante rocambolesca que por fin mostró ante el público la naturaleza real de un modelo de negocio que se vendía como la última esencia de la libertad y del emprendimiento cuando realmente se trataba del invento de cuatro privilegiados para ganar cantidades ingentes de dinero a costa de la destrucción de un servicio público, de la explotación de sus conductores y de especular con todos esos permisos otorgados por la administración.

En cuanto a la defensa, desde Élite Barcelona nos conseguimos personar junto con algunas de las principales asociaciones de taxistas y con el Ministerio de Transportes por medio de nuestros equipos jurídicos, ya que en realidad y pese a que espectáculo que se montó alrededor de las plataformas y la CNMC nos llamaba a ser optimistas, todavía no habíamos ganado nada. 

Entrando en el fondo del recurso, la CNMC acusaba a los taxistas de que su resistencia ante la invasión de Uber y Cabify tenía como objetivo mantener lo que consideraban que era un “monopolio” sobre transporte de pasajeros. Esta mentira lógicamente eran un insulto a la inteligencia de cualquier persona que demostraba que la CNMC no tenía ni idea de cómo funcionaba el taxi ya que en este caso al ser un servicio que depende de la administración, son los diferentes Ayuntamientos los que imponen todas las normas y los precios que los taxistas están obligados a cumplir y a aplicar ajustándose al interés general. No se puede disponer de un monopolio para controlar a tu antojo cuando son otros (en este caso los poderes públicos que representan los intereses de los ciudadanos) los que controlan tú actividad y establecen tus normas. Es absurdo, burdo e ilógico, pero parece que a la CNMC le valía para seguir intentando manchar la reputación de los taxistas.

Además, muchos de estos argumentos eran calcados a los que Uber y Cabify no paraban de repetir desde hacía años públicamente para atacarnos, sumado a que ya se había demostrado que el sector de los VTC estaba en manos de cuatro personas que manejaban el mercado a su antojo a diferencia del taxi, formado por miles de trabajadores y trabajadoras autónomas y asalariadas que competían a diario entre sí para poder llevar un sueldo digno a sus hogares.

Además, la CNMC estaba demostrando ante el mismísimo Tribunal Supremo que miraba para otro lado ante problemas tan importantes como que los VTC de Uber y Cabify eran el verdadero monopolio al estar formado por unos pocos multimillonarios que lo controlaban todo mientras únicamente se dedicaban a someter a sus conductores y a sus clientes a condiciones abusivas, cobrando precios que podían subir y multiplicarse en función de un algoritmo que nadie conocía y que además utilizaban como un mecanismo para aprovecharse de su necesidad en momentos puntuales. Y mientras, por otra parte, también tomaban a los usuarios y usuarias como rehenes de sus exigencias pero sin hacerse responsables de la seguridad del servicio. Y todo esto evadiendo impuestos al mantener sus sedes en paraísos fiscales como Países Bajos en el caso Uber o en el estado de Delaware en cuanto a Cabify. Precariedad para los trabajadores y trabajadoras, abusos a los clientes y a las clientas, presión a los gobiernos y a las instituciones para cambiar leyes a su favor, crearlas a medida o tumbar las que pudieran perjudicar a sus intereses e ingeniería fiscal para el saqueo sistemático de los estados donde operaban a través de la evasión de impuestos. En eso se resume la actividad de estas empresas. No creo que sea nada ni defendible ni para sentirse orgulloso. Y todo mientras que el taxi es un servicio público en la que cada Ayuntamiento y cada Comunidad junto con el Estado dictan las normas que regulan su actividad para garantizar que se preste un transporte de calidad, contando con unos precios que se establecen por medio de una comisión formada por la misma administración y por las organizaciones de consumidores para ser asequibles y que a la vez, puedan garantizar una rentabilidad al taxista.

Y pese a todo esto todavía a día de hoy seguimos sufriendo la persecución de la CNMC, un ente público que debería preocuparse más de los robos que hacen al consumidor prácticamente a diario no sólo las plataformas de vehículos VTC, sino también las distribuidoras de luz y gas, los bancos o las empresas de telefonía en lugar de hostigar sin descanso a un colectivo de trabajadoras y trabajadores. Pero bueno, si seguimos aquí es porque por cada embestida vamos resistiendo y avanzando. Eso es lo importante. 

Posteriormente, casi dos meses después del juicio se dictó la sentencia por parte del Supremo y como no podía ser de otra manera, el Alto Tribunal desestimó el recurso de la CNMC y por extensión de Uber haciendo fracasar una vez más otro intento de liberalización del taxi. 

De este modo la sala ratificó en su resolución entre otras cuestiones, que el ratio de 1 VTC por cada 30 taxis se ajustaba totalmente a derecho por razones de interés general, lo que tras meses de incertidumbre se convirtió en la gran victoria que necesitabamos para motivarnos tras tantas caídas, empezar a rearmarnos e intentar recuperar todo el terreno que nos habían quitado, ya que esta sentencia no sólo reafirmaba nuestros argumentos, sino que hacía que la mayor autoridad a nivel judicial del país reconociera al taxi como un servicio esencial junto con la necesidad de estas medidas para poder preservarlo frente al poder de Uber y de Cabify.

Otra cuestión a destacar es que a nivel mediático, pese haber sido una victoria histórica de los taxistas, no tuvo mucha repercusión a diferencia de lo que había estado sucediendo cada vez que se realizaba una huelga y había algún supuesto enfrentamiento que luego nadie había visto (pero que sorprendentemente copaba titulares durante semanas de decenas de medios).

Sí, me refiero a esos «actos violentos» que luego no existían o que se intentaban provocar de manera intencionada para criminalizar las protestas de los taxistas y enfrentarlos a la ciudadanía por ejercer su derecho a protestar contra una situación injusta.

Lógicamente a Uber no le interesaba que las derrotas se hicieran públicas porque eso les restaba credibilidad y daba aún más la razón a los taxistas en un momento en el que el gigante de Silicon Valley había realizado un esfuerzo muy grande en intentar influir en la opinión de la calle, ya fuera gastando mucho dinero en campañas de medios y en redes o presionando a los diferentes gobiernos. De igual manera, había parte de la prensa a la que le venía bien mantener esa confrontación artificial porque les generaban decenas de titulares tendenciosos cada mes, de lo que se desprende que estarían generando unos buenos ingresos, algo que no sucedía mostrando la realidad de un taxi ganador en los tribunales, por lo que para seguir aprovechándose de esta situación que ellos mismos habían provocado se inventaron la llamada “Guerra del taxi”, un conflicto que realmente no existía pero que estuvieron mucho tiempo intentando avivar para llenarse los bolsillos mostrando una imagen irreal del taxi a base de tergiversar información y de mentiras. 

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