El pasado mes de septiembre, la Fiscalía retiraba su acusación para dos de los tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), acusados de un delito de desorden público tras los actos de protesta pacífica que llevaron a cabo el 4 de marzo de 2021, en la Delegación de Turismo de la Junta por un despido.
El Gobierno andaluz solicitó inicialmente una condena de cinco años de prisión por delitos de desorden público, de amenazas y coacciones o, alternativamente, un año y medio de prisión; pero ni las amenazas ni las coacciones se han llegado a enjuiciar al no quedar incluidas en el auto por el que se decretó la apertura del juicio oral, quedando demostrado otro claro claro de represión al movimiento sindical y obrero, dentro dle estado.
El juicio tuvo lugar el día 13 de septiembre de 2024, practicándose las pruebas en su día declaradas pertinentes y no renunciadas por las partes.
El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos procesales «como constitutivos de un delito contra el orden público en su modalidad de desórdenes públicos previsto y penado en el artículo 558 del Código Penal o, alternativamente, del delito previsto en el artículo 557 bis del Código Penal; considera penalmente responsable en concepto de autor al acusado Néstor Salvador, solicitando se le imponga por el delito principal o, en su caso, por el alternativamente calificado la pena de 8 meses de multa a razón de una cuota diaria de 8 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Asimismo, retiró la acusación provisionalmente formulada frente a María José Sánchez y Vanesa María Sánchez».
La defensa, ejercida por la letrada María Gallego Cano, había pedido la absolución para los dos miembros del SAT, que seguían acusados en el proceso, al entender que «sus clientes no propiciaron ningún tipo de altercado y ha pedido la condena en costas de la Junta al considerar que ha actuado de mala fe».
Para la letrada, la versión de sus clientes se ha visto refrendada por la declaración durante la vista de uno de los cargos policiales acerca de lo ocurrido, y en la que ha relatado que fueron «seis o siete personas, entrando en actitud muy pacífica y que salieron de manera voluntaria», sin que se le trasmitiera en ese momento que se hubieran producido desórdenes públicos.
Este cargo policial ha revelado que los sindicalistas no fueron aquel día ni identificados ni detenidos, versión que fue confirmada por el vigilante de seguridad.
Según reza la propia sentencia, a la cual ha tenido acceso este medio, «En trámite de conclusiones definitivas las acusaciones tanto pública como particular, retiraron la acusación provisionalmente formulada frente a María José Sánchez, por lo que en aplicación del principio acusatorio procede absolverla de los hechos enjuiciados en la presente causa. La misma conclusión absolutoria se obtiene respecto de los otros dos acusados, Vanesa María Sánchez y Néstor Salvador, pues, como se verá, la prueba practicada en el acto del juicio no constituye prueba de cargo suficiente en la que sustentar la condena de los mismos por la comisión del delito de desórdenes públicos».
Y, «En todo caso, no se ha acreditado que los acusados hubieran tenido participación en algún acto productor de una perturbación relevante en la tercera planta ni que concurriera en ellos el elemento subjetivo del tipo, esto es, el dolo que supone el conocimiento y voluntad, o al menos aceptación, de actos de perturbación», quitándole toda la veracidad a los testimonios de la acusación, de por sí ya pocos firmes de inicio.
Tampoco ningún testigo que depuso en la vista, llegó a identificar a ninguno de los acusados llevando a cabo acto alguno de violencia o intimidación.
Los sindicalistas, ya absueltos, se preguntan quien les va a devolver los 4 años de incertidumbre y calvario derivados por unas acusaciones injustas y agradecen la solidaridad de todas y cada una de las organizaciones sindicales y políticas que ha manifestado su apoyo durante estos largos años:
«Nos acaban de comunicar la absolución de nuestros 3 compañeros, Vanesa, Maria José, y Néstor. Se ha demostrado que la Junta de Andalucía y Gustavo Adolfo Rodríguez han realizado persecución sindical y pidieron 5 años de cárcel para meternos miedo, no lo han conseguido, ni lo conseguirán. Desde el SAT Granada agradecemos a todos los colectivos el apoyo y anunciamos que seguiremos nuestras acciones para denunciar la represión sindical. Iremos informando», apuntan en sus redes sociales.
