Por Norma Ortega (Front Abolicionista del País Valenciá)
En el contexto del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de mujeres, niñas y niños, el Front Abolicionista del País Valencià, FAPV como parte del Movimiento Feminista, reitera tanto en las calles, como en los foros públicos, nuestra demanda a los gobiernos municipales, autonómicos y al Gobierno de España de que den pasos claros y contundentes encaminados hacia la aprobación de leyes e implementación de políticas abolicionistas de la prostitución y de toda forma de mercantilizar, comercializar y explotar la vida sexual de niñas/niños y mujeres, así como la capacidad reproductiva de estas.
Estamos convencidas de que la historia del feminismo, sus análisis y sobre todo, las propuestas que emanan de estos y que sustentan nuestra exigencia de alcanzar una sociedad sin prostitución y libre de mafias proxenetas, pornógrafas y de traficantes de bebés nacidos dentro de la práctica de los vientres de alquiler, son aceptados por la sociedad que tiene la convicción de que un mundo en igualdad entre mujeres y hombres, es urgente y posible, y sobre todo, son asumidas por la mayoría de la población sin intereses, ni compromisos económicos o políticos con esas mafias.
Pero no somos ilusas, conscientes somos de los tiempos particularmente difíciles que estamos viviendo como mujeres en todo el orbe en cuanto a violaciones de nuestro derecho a vivir libres de violencia, con expresiones de misoginia extrema que no cesan de darse y conocerse: feminicidios o tentativas, en la forma más dolorosa posible (Kenia, Argentina, España). Violación y tortura grupales a una mujer hasta su muerte (India). Violaciones continuadas de menores y de mujeres, con la elaboración y difusión masiva de videos pornográficos con ellas (México, EEUU). Leyes que limitan o que prohiben totalmente, bajo severo castigo, expresiones o manifestaciones físicas de nuestra presencia en el espacio público (Arabia Saudí, Afganistán). El resquebrajamiento de las garantías y la protección de las mujeres que proporcionan las leyes contra la violencia machista y leyes de igualdad, debido a las normativas de autodeterminación del sexo, conocidas como «leyes trans», así como la vulneración de nuestra seguridad y privacidad en los lugares creados para uso exclusivo de mujeres (España, Australia, Reino Unido).
Los dos casos extremos conocidos este verano, como son,
- la violación, tortura y asesinato a una médica de 31 años en el mismo hospital donde trabajaba (el vídeo de sus últimos minutos con vida circuló por las redes) por parte de decenas de hombres en Calcuta, India y
- las violaciones por parte de más de medio centenar de hombres, a lo largo de una década, a una mujer de sesenta y tantos años en estado de inconsciencia, narcotizada y controlada por su marido, Dominique Pelicot, e invitados a violarla por medio de una web creada por él mismo, en Mazan, Francia,
además de causarnos horror, refuerzan la sensación de inseguridad que experimentamos las mujeres, ya que confirman que todas las mujeres, de cualquier condición social, económica y edad, somos potenciales víctimas de sufrir violencia sexual.La entendible indignación y estupor de la sociedad respecto a esos dos ejemplos extremos, deberían hacerla consciente de la vulnerabilidad en la que las mujeres vivimos, y que desde pequeñas, aprendemos a sortear en constante alerta, precaución y desconfianza respecto a todos los varones con los que convivimos, nos relacionamos y nos topamos a lo largo de nuestra vida. Esto está absolutamente normalizado, pero no es socialmente sano.
La sociedad entera debe dejar de mirar a otro lado y comprometerse a poner un alto a la violencia sexual que acecha y ataca a cuanta persona menor o mujer «baje la guardia». Para lograrlo es imprescindible erradicar la cultura de la violación y la cultura de la pornografíaque la normalizan. Y no hay sistema que más refuerce esas culturas de violencia, que el sistema prostitucional. De hecho, es bien sabido que los violadores, tienen en la pornografía una «escuela de violación» y en la prostitución un «campo de prácticas de violación».
Es el sistema prostitucional el que convence a la sociedad, sobre todo a la masculina, de que es «normal» y hasta «natural» que a niñas y mujeres se nos acose con propaganda y obstáculos sociales que minan nuestro desarrollo en autonomía, libertad e igualdad, debilitando nuestras herramientas de prevención y defensa para evitar caer víctimas de violencia sexual, cuya expresión, de las más devastadoras, psíquica y físicamente es el estar sometida para soportar múltiples contactos sexuales con varones desconocidos (de hecho, violaciones), como es el caso de las mujeres que están en prostitución. Los feminicidios de Marta Calvo (25 años, española), Florina Gogos (19 años, rumana), Milena Sánchez (20 años, española) son prueba de la vulnerabilidad absoluta en la que se encuentran las mujeres prostituidas, en cualquiera de sus condiciones particulares.
Volviendo al caso Pelicot. Nadie (bueno, casi nadie) discute que las violaciones perpetradas por decenas de señores de los más diversos oficios, profesiones y edades, sobre una mujer en estado inconsciente, así como la grabación de las mismas, son un acto criminal abominable. Tanto el marido Dominique Pelicot, como los más de 50 agresores son vistos por la mayoría de la sociedad y con razón, como violadores que merecen un castigo ejemplar. ¿Por qué esa misma sociedad no se indigna y rebela ante la realidad de miles de mujeres y niñas sometidas, mentalmente disociadas, enajenadas o semi-inconscientes, a merced de los requerimientos sexuales y de la violencia de decenas de hombres, día a día?
Mientras haya mujeres atrapadas en el sistema prostitucional (en trata o no), la aspiración de todas a la libertad y la de la ciudadanía en general, a lograr una sociedad con alta calidad democrática, igualitaria, libre de sexismo y de violencia sexual, no podrá alcanzarse.
Según Europol en su informe de 2014: “Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad”, la prostitución, a nivel mundial, es la base de una de las tres economías delictivas más lucrativas, de la misma magnitud que el tráfico de armas y de drogas. Solo que en este caso, esas ganancias se producen por mercantilizar a entre 40 y 42 millones de mujeres, niñas y adolescente prostituidas. En territorio español, estimaciones a la baja y según el Ministerio de Igualdad, hay 114 000 mujeres adultas y menores que están siendo explotadas sexualmente ahora mismo.
Esta terrible realidad es posible solamente porque hay hombres demandantes, puteros y mafias de hombres, los proxenetas, que garantizan el cumplimiento de esta demanda por medio de la trata, principalmente. No nos engañemos, si la trata existe, es porque existe la prostitución y si esta existe es porque hay puteros, de todas las clases y orígenes, que cuentan con un entramado patriarcal estructural que nos concibe a las mujeres como objetos de consumo y satisfacción para los varones. Quien dude de buena fe de la existencia de ese entramado, que investigue los casos como el de los 13 violadores cuya edad oscila entre los 40 y 82 años y quienes arropados por su posición social (empresarios, abogados penalistas, guardia civil) se han librado de la cárcel por una «incomprensible» dilación de 10 años en la realización del juicio, después de descubierta la peor trama de pederastia y explotación sexual de menores en Murcia, donde se prostituyó a niñas, adolescente y mujeres jóvenes todas ellas en situación de vulnerabilidad social y económica.
Es urgente, por lo tanto, que se desarrollen políticas abolicionistas bajo los siguientes ejes:
1) Que las mujeres adultas y menores, que están o estuvieron en situación de prostitución, sean acreditadas jurídicamente como víctimas de violencia machista y sexual y por ello con derecho a reparación integral (atención médica y psicológica, recursos económicos, habitacionales, opciones educativas y laborales, otorgamiento de la residencia), a justicia y a no impunidad.
2) Que la impunidad termine y que la vergüenza cambie de bando: además de los proxenetas, los puteros, deben ser identificados y penalizados.
3) El desarrollo de políticas culturales y educativas no sexistas, basadas en los derechos humanos, información científica, el apoyo mutuo y en la igualdad entre mujeres y hombres. Políticas educativas que hagan hincapié en que:
- Las mujeres somos seres humanos con derecho a crecer y vivir en plenitud, seguras y libres de violencia. Derecho que, por ser personas del sexo femenino, se ve vulnerado e incumplido por el sistema patriarcal imperante.
- Ninguna persona debe ser cosificada, nadie ha nacido para ser objeto de mercado, ni su imagen, ni su cuerpo. Sobre todo, ninguna mujer nace para ser prostituida.
Por todo lo anterior, demandamos a los y las responsables de las políticas públicas de todo el país, principalmente al Gobierno de España que vayan más allá de declaraciones y actos institucionales (todos ellos vacíos de contenido y compromiso real), aparten sus diferencias políticas para lograr acuerdos con la mayoría de las fuerzas políticas y den prioridad a la libertad, la seguridad, la salud y la dignidad de las mujeres aprobando leyes abolicionistas de la prostitución y toda forma de explotación sexual. Únicamente basta voluntad política, ya que el movimiento feminista ya les ha hecho el trabajo y ha elaborado una Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional, LOASP, cuyo contenido fue entregado por la PAP el 4 de diciembre de 2020 a la entonces Ministra de Igualdad.
Conminamos a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, a sacar el redactado de la LOASP del cajón en el que lo puso la ministra que la antecedió, la haga suya, la defienda en el Consejo de ministros y sea llevada al Congreso de los Diputados y en histórica sesión, sea aprobada. Dando así el compromiso y garantía de que la libertad y la dignidad de toda niña, adolescente, mujer adulta y mayor en todo el territorio español, sean nacionales o extranjeras, nunca más serán vulneradas.
