Los responsables de las Administraciones, ya sea a nivel local, comunitario o estatal, siguen demostrando su dejadez en lo que se refiere a defender los intereses de la clase trabajadora y una especial habilidad para dilatar y entretener sus reclamaciones, de manera que estas no sean atendidas, en concreto cuando esos intereses chocan con los de las grandes empresas.
En cambio, sí demuestran una gran eficacia y celeridad en otros aspectos, como es la persecución y represión de las protestas vecinales y estudiantiles. En plena polémica por la peculiar derogación por parcelas de la «ley mordaza», el pasado 25 de julio fue detenido en su casa, con gran aparatosidad de efectivos policiales, el secretario general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla, Carlos Ochoa, bajo la excusa de su participación en las acciones de la acampada por Palestina realizada en la Universidad de Sevilla. Fue trasladado a comisaría y posteriormente puesto en libertad.
De manera similar, el pasado día 20, era detenido el portavoz de la Plataforma Vecinal Barrios Hartos, Juan García, durante una protesta pacífica de vecinos en la sede del sevillano distrito Cerro-Amate, acción en la que simplemente pretendían reclamar la atención de los responsables para recibir alguna explicación sobre los cortes de suministro eléctrico que vienen sufriendo los barrios obreros en los últimos años, y por los que siguen sin obtener una respuesta satisfactoria.
Esta plataforma vecinal, Barrios Hartos, ha emitido en este sentido un comunicado en el que alerta que existe una emergencia que está siendo ignorada por el Ayuntamiento de Sevilla, pese a haberse aprobado una propuesta en el pleno para acometer esa urgente necesidad.
«El pleno del Ayuntamiento sevillano del pasado 25 -expone Barrios Hartos en su comunicado-, aprobó con el voto incluido del PP, la demanda efectuada por Barrios Hartos de la creación de una Comisión de Emergencia Energética ante los continuos cortes eléctricos registrados. En la moción, presentada por el PSOE, se incluye la adopción
inmediata de medidas paliativas. Esta propuesta fue aprobada previamente en una reunión convocada por la organización vecinal, en la que estuvieron representados los tres niveles de la administración (central, autonómica y local) y Barrios Hartos».
«Sin embargo -continua la nota-, el Gobierno local, encabezado por José Luis Sanz, da muestras de una nueva estrategia que deja a los barrios afectados en una situación similar a la anterior a la aprobación de estas medidas, entre las que se incluye la movilización de medios como generadores portátiles, cableado y cuantos medios técnicos sean necesarios para rescatar a la población de unas condiciones insoportables. Hablamos de temperaturas por encima de los 40º sin suministro eléctrico (con lo que ello conlleva) durante muchas horas, normalmente cuando más falta hace».
De este modo, se «pasa la pelota» de unas manos a otras para mantener en suspenso, como trileros, la resolución del problema, mientras las empresas que componen el oligopolio energético (caso de Endesa en estos barrios) siguen obteniendo beneficios de récord en plena crisis.
Señalan además los portavoces de la Plataforma que esos problemas de suministro llegan a afectar a pequeños negocios que ante la imposibilidad de mantener los aparatos eléctricos y de atender a su clientela se ven obligados a cerrar y a dar por perdidas sus mercancías debido a los problemas de conservación.
Gracias a movimientos vecinales como este, se conciencia a los residentes de los barrios obreros de que sólo la movilización logra alguna respuesta de los responsables de las instituciones, y pone de manifiesto la relación que existe entre ciertos poderes políticos y los intereses de grandes compañías como Endesa, ante cuya especulación se exigen expedientes y el cumplimiento de las medidas paliativas de la carencia de instalaciones, sin olvidar la necesaria reivindicación de la nacionalización de uno de los recursos básicos de cualquier sociedad.
