Han pasado cinco años desde la puesta en marchar de la medida y sigue recibiendo críticas por su parcial utilidad y se abre la puerta a reformarla. Los datos son elocuentes; según la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el 2023 los trabajadores españoles hicieron un promedio de 2,5 millones de horas extras no pagadas a la semana. Esta cifra sigue siendo muy parecida desde 2021, el primer año en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) empezó a tratar estos datos: eran 2,6 millones las horas que los empleados dedicaban de más a trabajar sin remuneración y sin cotización.
«No es una herramienta eficaz para controlar la regulación de la jornada de trabajo», declaran desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). Desde esta organización lamentan que, pese a tratarse de un registro obligatorio para todas las empresas, la ambivalencia y falta de claridad en la redacción del texto dejó abierta la posibilidad de irregularidades. Se permite que sea válido cualquier sistema o medio, tanto si el soporte está en papel como telemático, siempre que proporcione «información fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori». Sin embargo, no se puede asegurar que los registros, con los medios de que se dispone para corroborarlo, no hayan sido manipulados y falseados. “A menudo no tenemos suficientes elementos para levantar un acta de infracción, a no ser que sea muy evidente, como cuando directamente no hay registro», señalan los expertos.
«Quizá sean necesarios sistemas de verificación más vinculados a un registro oficial, con algún mecanismo de interconexión con las administraciones, como ya ocurre en otros aspectos de las relaciones laborales como las bajas médicas o las altas en la Seguridad Social», esgrimen fuentes sindicales.
El otro elemento de crítica es el régimen sancionador, pues el 40% de las inspecciones tuvieron como resultado alguna sanción; en total más de 14.000 y 15 millones de euros en multas. “Francamente, el régimen sancionar no es disuasorio. Quizás para una pyme sí, pero en muchos casos la empresa prefiere pagar», apuntan los expertos. El registro ha servido para invertir la carga de prueba a la hora de acreditar las horas extras no pagadas, ya que ahora es la empresa y no el trabajador quien debe justificarse ante un tribunal.
