Antecedentes: el 29 de diciembre de 2021 se produjo una subida de las cotizaciones, acordada por el Gobierno y sindicatos que suponía 0,5% más en la cotización empresarial y 0,1% en la de los trabajadores para adecuar el «Mecanismo de Equidad Intergeneracional» (MEI) de las pensiones, que debía sustituir al factor de sostenibilidad de la Ley de 2012.
La premura con la que el Gobierno quiso cerrar esta modificación respondía al compromiso del Ejecutivo con las exigencias de Bruselas para publicar la Ley de la primera fase de la Reforma de pensiones en el BOE antes del 31 de diciembre de 2021, el margen dado era finales de 2022 para incorporar el MEI.
¿Para qué fingir que ha sido un acuerdo con los sindicatos si ya estaba sellado y presentado en Bruselas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno?, el auténtico caballo de Troya impuesto por la UE, por eso recibió el visto bueno de Ursula Von der Leyen que determina y obliga a España a seguir el manual de reformas neoliberales de la Zona Euro si queremos recibir las ayudas económicas del Plan Generation Next EU para paliar los daños económicos de la pandemia.
La generación del «Baby Boom», nacidos entre 1958 y 1977, superaron los 650.000 anuales; en esas fechas nacieron casi catorce millones de niños, 2,5 millones más que en los veinte años previos, 4,5 más que en los veinte años siguientes.
Según las previsiones Antonio Abellán, profesor de investigación del CSIC, está previsto que la generación del «Baby Boom» inicie la jubilación a partir de 2023/2024 y tendrá su pico en 2042 con la incorporación de unos 723.000 potenciales pensionistas, lo que elevará el total a 15 millones, frente a los 8,7 millones actuales.
Escrivá señala que el objetivo es lograr un colchón de 41.000 millones en 2032 con el que se ayudaría a financiar la jubilación del Baby Boom. Que nos quede claro, el sistema de pensiones públicas simplemente destina un excedente monetario producido «hoy» a los pensionistas «actuales«. Solo el desarrollo suficiente de la producción de bienes y servicios en el tiempo es la que garantizará las pensiones del Baby Boom, lo demás son juegos malabares de quita y pon.
Primera fase
La primera parte de la reforma de las pensiones, conlleva tres cambios principales con respecto a la que estaba vigente de 2012:
- Derogación del factor de sostenibilidad (que ajustaba el cómputo de las pensiones con relación a la esperanza de vida), y que será sustituido por una nueva herramienta.
- Vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC, su impacto sería objeto de revisión cada 5 años por parte del Pacto de Toledo.
- Incremento de las pensiones por medio de bonificaciones (que pueden ascender hasta los 12.000 euros por cada año de demora) para todos aquellos que alarguen su trayectoria profesional más allá de la edad legal de jubilación (entre 65 años y 66 años en 2021)
Segunda fase
La más complicada, quedó para el 2022 y en ella se abordan los aspectos relacionados con el cómputo de años para calcular las pensiones, la subida de las bases máximas de cotización y los cambios relativos a las pensiones máximas.
Desde la reforma de las pensiones pactada en 2011 entre el Gobierno de Zapatero y los agentes sociales, en que se estableció que la edad legal de jubilación se pasó de los 65 a los 67 años a partir de 2013, se ha ido agrandando el periodo de cómputo de la pensión.
La entrega supeditada de los fondos del Plan Generation Next EU
La Reforma de la Ley de pensiones forma parte de los 416 compromisos distribuidos para los 8 desembolsos semestrales por parte de la UE. El «Operational Arrangement« (Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación) fija los indicadores con los que se van a monitorizar los hitos y objetivos comprometidos con el Consejo Europeo, establece cómo se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión Europea y cómo se efectuará el intercambio de información para el seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y así controlar los avances y decidir el calendario de los desembolsos semestrales.
En lo que afecta la reforma de pensiones, la Comisión Europea exige dar por cumplida la reforma 2 del componente 30 “la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. De esta reforma, entre otras, depende el cuarto desembolso de los fondos, que se espera para inicios de 2023 y asciende a 10.000 millones de euros.
Esta reforma, señalaba el documento, debería estar publicada en el Boletín Oficial del Estado en el cuarto trimestre de 2022, fecha en la que también tendrá que estar recogida la sustitución del factor de sostenibilidad por el intergeneracional o la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social para los autónomos.
La recta final
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planteó el lunes a los agentes sociales, en el marco de la 2ª parte de la Reforma de las pensiones, su voluntad de extender el periodo de cálculo de los años trabajados para acceder a la jubilación de los 25 actuales hasta los 30, con posibilidad de descartar los dos peores.
No se ha hecho esperar la respuesta en el Congreso al intento de ampliar los años que se tienen en cuenta para el cómputo de la pensión.
«Desde mi Grupo no podemos más que mostrar nuestro absoluto y máximo rechazo a la propuesta del ministro Escrivá» declaró Roser Maestro diputada de Unidas Podemos y militante del PCE.
En una contundente intervención, la diputada ha insistido en que «Las pensiones se van a seguir defendiendo». Además, ha pedido que paren los ataques al sistema público de pensiones. «Basta ya de criminalizar y penalizar a la clase trabajadora. Basta de penalizar a quienes llevan más de 40 años trabajados, para que después se le impongan todo este tipo de medidas» denunció desde el estrado del hemiciclo.
Roser Maestro ha finalizado su intervención de forma rotunda solicitando que se garanticen las pensiones «de una manera suficiente y con transparencia», y recoge en su intervención la reivindicación de una auditoria pública de la hucha de las pensiones que desde el movimiento de pensionistas se solicita.
