La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha imputado a una decena de militares, altos mandos entre ellos, al encontrarse supuestamente relacionados en la ejecución de al menos 120 personas indefensas y presentarlos «falsos positivos», bajas durante combates que en realidad fueron asesinatos de personas detenidas por agentes del Estado.
La JEP -institución creada tras el Acuerdo de Paz para la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado- en un comunicado manifestó que estos imputados habrían tenido una participación determinante en «el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión» en la región del Catacumbo, al norte del país. Los asesinados fueron presentados como bajas en combate con la intención de esconder los crímenes y además para «aumentar las estadísticas oficiales de éxito militar».
El comunicado es explícito en detallar las criminales maneras en que fueron cometidas las ejecuciones. Los asesinatos eran cometidos siguiendo dos patrones. En el primero de ellos se asesinaba a hombres de entre 25 y 35 años que eran naturales de la zona de Catacumbo y trabajaban como agricultores o comerciantes. En el segundo los jóvenes provenían de otras regiones y eran trasladados mediante engaños. Estas 120 personas asesinadas, según la JEP, «fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate real alguno». Además «fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales» con la finalidad de exhibir cifras de resultados a sus superiores, por las que los imputados llegaron a recibir medallas y condecoraciones.
Este horror no acaba en estos terribles crímenes y sigue hasta la fecha de hoy, pues en esta semana el instituto Indepaz comunicaba la decapitación activista indígena Luis Picasio Carampaima. Este asesinato se produjo el pasado 1 de julio, tras la incursión en el territorio indígena de Alto Baduó de un grupo armado que capturó y decapitó al activista. Según la contabilidad de mujeres y hombres asesinados que maneja Indepaz, con el crimen de Luis Picasio asciende a 84 el número de líderes y defensores de derechos humanos exterminados en Colombia en lo que va de 2021, sumando 777 desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Mientras tanto las movilizaciones en torno al Paro Nacional continúan y ofrecen a su vez otra siniestra contabilidad. Organizaciones que documentan los daños producidos por los agentes del ESMAD durante las protestas que se vienen produciendo en el país en los últimos dos meses hablan de 82 agresiones oculares -personas que resultaron con un ojo reventado o con pérdida de visión a causa de disparos- aunque se estima que la cifra real de personas con lesiones en ojos podría ascender a las 200. Las agresiones ofrecen una pauta que lleva a pensar a los expertos que son producidas de manera intencionada y con la clara finalidad de disuadir y castigar el derecho a la protesta.
Por su parte, la Unión Europea, que en estos días ha amenazado al Gobierno de Nicaragua con sanciones por las detenciones de personajes públicos que han alentado a la violencia, mira hacia otro lado en el caso de Colombia, en un ejercicio de cinismo de difícil justificación. Refrendados y apoyados por organismo como la UE, los representantes gubernamentales de Colombia aseguran que Iván Duque no es sospechoso de contravenir los Derechos Humanos en su país y se mantienen firme hasta el momento en su intención de no variar un ápice la Constitución nacional, según han manifestado estos días ministros colombianos interpelados ante la similitud con el caso chileno.
