¿»Fenómeno okupa» o simple campaña de miedo?

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En los últimos meses estamos asistiendo a un auge de noticias sobre lo que desde cierta prensa llaman el «fenómeno okupa». Noticias alarmistas que de supuestas ocupaciones de viviendas, un ejemplo es el caso de Santovenia de Pisuerga, en las afueras de Valladolid que ha aparecido en los informativos como un pueblo con docenas de pisos ocupados y los vecinos en pié de guerra. La realidad es bien distinta, y lo explica Alberto Chamorro, portavoz de la plataforma vecinal: «Aquí se empezaron a ocupar pisos hace ocho años, después de la crisis de 2008; en mi propio bloque, con 61 viviendas, 24 eran pisos ocupados pero no eran de nadie, es decir, no eran propiedad privada de ninguna familia sino que pertenecían a fondos buitres o a bancos. No hubo nunca problemas, pagaban la comunidad, iban a las reuniones de vecinos, etcétera. Al final se llegó a un acuerdo de alquiler social». Otra cosa es que hace dos años un grupo de familias y clanes «conflictivos», según los vecinos, ocuparon cuatro viviendas de bancos y éstos sí empezaron a crear problemas. Cuenta Alberto, que los bancos salvo uno, no han hecho nada y ni siquiera Bankia, propietaria de uno de los pisos, se presentó al juicio del suyo y no se puede hacer nada porque ellos son los propietarios.

Sobre esta cuestión abundan los bulos; no hay ningún dato que corrobore que el problema se haya agudizado en los últimos meses. Además, hay que distinguir entre el allanamiento de morada, dónde la justicia actúa de inmediato y la ocupación, que como apuntábamos antes, son pisos en manos de bancos o fondos buitre y que tienen como objetivo, luchar por el derecho a una vivienda digna. Nadie se va a meter en tu casa mientras te vas de vacaciones, según los propios jueces esto no ocurre. Es más, las propias personas que ocupan una vivienda por necesidad de tener un techo dónde poder vivir, lo hacen en viviendas propiedad de entidades bancarias porque saben que en estos casos la justicia tarda más tiempo en actuar, sólo se actúa si los ocupantes de esas viviendas son conflictivos.

Según fuentes del Ministerio de Interior, si se comparan las cifras de 2019 con respecto a las de 2020, vemos que no hay un aumento significativo: en 2019 hubo 40 denuncias, en 2020, 41; es decir que con la pandemia provocada por el covid-19 no han aumentado los casos de ocupaciones. Lo que hay detrás de todo ésto, es simplemente una campaña de miedo, hasta las propias empresas de seguridad están sacando beneficio de dicho miedo y todo porque uno de los puntos del Pacto de Gobierno, es una ley de vivienda a nivel estatal, algo que nunca se ha hecho, según palabras de Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el problema de fondo es la dificultad del acceso a la vivienda, sobretodo para la gente joven.

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