La negligencia y la responsabilidad de los gobiernos de España y Madrid en la expansión del coronavirus

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La gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno español ha sido tan nefasta que solo puede ser negada por alguien cegado por las ideologías políticas. De la misma manera, la gestión que ha realizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha sido menos negligente. Las determinaciones de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso o su inacción han provocado con toda seguridad una mayor expansión del virus y un número incontable de contagios y, por tanto, de fallecidos. Tanto que, ambos deberían responder políticamente por sus decisiones en el futuro e, incluso, penalmente.

El Gobierno español se mostró en todo momento incapaz y dubitativo, aun cuando el 23 de enero Wuhan quedó confinado y varias ciudades más, hasta un total de 40 millones de personas, fueron aisladas en China pocas horas después. Todavía había tiempo.

A finales de ese mes de enero se supo que el virus podía contagiarse por medio de personas asintomáticas y que los contagiados podían estar entre cinco y once días sin mostrar síntomas, esto es: durante casi once días no había forma real de detectar ni detener al coronavirus.

Italia implementó el pasado 4 de marzo las primeras medidas de separación social con el cierre de centros escolares y crecientes restricciones en espacios de aglomeración. Cuatro días después, el día 8 de marzo, decretó el aislamiento total del norte de Italia, incluyendo el cierre de carreteras, aeropuertos y estaciones de tren. De nuevo, todavía había tiempo.

Para entonces, España no solo había contabilizado los primeros muertos, sino que era plenamente consciente de haber perdido el control de la situación, pues el mismo día que comienzan las restricciones en Italia, 4 de marzo, se certifica que una persona fallecida tres semanas antes, el 13 de febrero, había sido la primera víctima del COVID-19. Desde el 4 hasta el 13 de marzo, el Gobierno español permanece completamente inoperante e incapaz. Son nueve días perdidos y nueve días de negligencias.

Pocos días después, el 8 de marzo, se celebran masivas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, además de un multitudinario acto ultraderechista en Vistalegre (Madrid). No se trata de ninguna manera de criminalizar a la mujer, faltaría más, pero ni estas ni ninguna otra concentración multitudinaria se deberían haber celebrado en esas fechas. Resulta muy desolador que muchas personas lo sufran casi como un ataque personal. Máxime si tenemos en cuenta los acuerdos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España solo un día después.

De hecho, es el lunes 9 de marzo cuando entra en acción Isabel Díaz Ayuso en Madrid, la cual, en coordinación con el Gobierno español, empeora todavía más la inacción del gobierno de Pedro Sánchez cuando decreta la clausura los centros escolares para dos días después sin tomar ninguna otra medida complementaria como habría sido el confinamiento total de la Comunidad, tan solo la recomendación de teletrabajar y la conveniencia de no viajar. Debido a esta decisión, los estudiantes residentes en otras localidades abandonan Madrid, por decenas o cientos de miles, y se llevan con ellos el virus. No solo eso, sino que los parques y terrazas de Madrid se abarrotan aumentando las posibilidades de contagio y muchos viajan a segundas residencias, a la Sierra madrileña, a la playa o a localidades rurales de toda la geografía (al pueblo de toda la vida, que se diría). Un desastre absoluto.

El Gobierno español siguió sin tomar medidas hasta que el viernes 13 de marzo se anunció que se producirían restricciones y al día siguiente, el sábado 14 marzo, se informó sobre el decreto de un confinamiento parcial que entraría en vigor el lunes 16 de marzo. Para entonces, muchos madrileños y residentes en Madrid habían diseminado el virus por todo la Península Ibérica. No era tarde, era tardísimo. E incluso el anuncio de lo que sucedería el lunes provocó todavía más aglomeraciones, al abarrotar los supermercados el fin de semana. Y más aglomeraciones supusieron más contagios.

Debido a estas decisiones de los Gobiernos de España y Madrid, el virus se ha expandido más por todo el territorio que en Italia, tal y como reconoce incluso El País, donde Joan Ramon Villalbí afirma que “creo que fue un error permitir la gran dispersión geográfica de gente que se produjo en los días previos a la entrada en vigor del aislamiento, lo que pudo facilitar la dispersión del virus” y Daniel López Acuña asevera que “en Italia se redujo más la movilidad en torno a los primeros focos detectados, mientras que en España esta se mantuvo muy elevada incluso en los días previos a la declaración del estado de alarma”.

Para el 17 de marzo, Catalunya, por medio de Quim Torra, solicitó el confinamiento total, pero se le denegó. No sería la única ni la última petición, pues varias comunidades autónomas también lo solicitaron, explícita o implícitamente, incluso llegan a decretarlo, como fue el caso de Murcia, pero el Gobierno lo desautorizó y mantuvo su postura. Así, el sábado 21 aumentaron ligeramente las restricciones, pero se siguió sin decretar el confinamiento total. Y ello tras un viernes en el que las carreteras de salida de las grandes ciudades retornaron al habitual colapso de ciudadanos que pretendían viajar a segundas residencias o áreas de descanso. Como si nada pasara.

Al día siguiente, el domingo 22 de marzo, el Gobierno prolongó el confinamiento parcial dos semanas más. Hoy, 26 de marzo, sigue sin declararse el confinamiento total, por miedo a paralizar la economía. Por cuestiones económicas.

Además, en todo momento se p ha planteado la crisis como si fuera a durar unas pocas semanas cuando la realidad es que China levantará las restricciones a comienzos de abril después de casi ochenta días de confinamiento total. Sería un milagro que en dos o cuatro semanas se consiguiera controlar la situación. No tanto en cuanto a un problema vírico, sino en cuanto al problema de saturación del sistema sanitario.

En definitiva, los gobiernos de España y de Madrid, del Partido Socialista y del Partido Popular, de Pedro Sánchez y de Isabel Díaz Ayuso, han sido negligentes en la gestión de la pandemia y determinantes en su expansión a otras comunidades y en el aumento de contagiados fuera y dentro de Madrid, lo que ha provocado que lejos de existir uno o varios focos de epidemia, toda España sea un foco.

Esta cuestión no solo es determinante en cuanto a la expansión, sino también en cuanto a la esperanza de vida de los contagiados y el colapso del sistema sanitario. Uno o varios focos aislados, como habría sucedido en el caso de haber decretado el confinamiento total de Madrid, igual que Italia hizo con el norte y, después, aquellos focos en los que hubiera surgido el virus, habría permitido concentrar esfuerzos sanitarios en uno o varios puntos, tanto en material como personal, primero en Madrid, y después en los focos en los que hubieran ido surgiendo. Ello habría permitido ganar tiempo al resto de España en el peor de los escenarios, e incluso quedar al margen del brote o controlarlo con menores esfuerzos en el mejor de los casos. Ahora este escenario es imposible, todo el sistema sanitario está un nivel de tensión sin precedentes.

Además, de haber confinado Madrid y después las partes del territorio afectadas, habría permitido que el resto de habitantes hubiera podido continuar con una vida normal, al menos unas semanas más, y la economía habría quedado paralizada solo localmente.

A día de hoy, el sistema sanitario madrileño ha colapsado y es posible ver cómo en los hospitales se carece de material sanitario y los pacientes están tirados en el suelo, son mandados a casa o se les desconecta los respiradores. Mientras, el resto de sistemas sanitarios se acerca peligrosamente a esta situación.

Por supuesto, la mayor responsabilidad de este colapso emana del desmantelamiento del sistema sanitario orquestado durante más de cuarenta años por el Partido Socialista y por el Partido Popular, tanto a nivel nacional como regional, con privatizaciones y conciertos, con recortes y acuerdos como el del artículo 135, pero no se puede en ningún caso ocultar que una parte muy importante del colapso en Madrid es atribuible a las decisiones tomadas y, sobre todo, gran parte de la responsabilidad de la expansión del virus al resto del territorio tiene relación directa con las decisiones adoptadas por los gobiernos de España y Madrid.

Nota: De los aviones fletados con material sanitario de Isabel Díaz Ayuso que no aparecen y los cientos de miles de pruebas comprados por el Gobierno español que son defectuosos, mejor ni hablamos.

1 Comentario

  1. https://disruptor.noblogs.org/files/2020/03/Los-conscientes-estamos-supeditados-a-plebes-anodinas.mp3
    La demanda es penal, y es civil, las 2.
    No es hacia el gobierno en curso, sino hacia el estado, desde la firma de la constitución actual hasta hoy, porque buena parte de los problemas son por falta de recursos sanitarios, y eso NO ES de este gobierno.
    Se basa en la competencia asignada por la ciudadanía hacia los poderes públicos del estado, de acuerdo con la toma de decisiones oportuna de las personas físicas en cargos ejecutivos, en este caso para con la salud del pueblo.
    Si tu haces mal tu trabajo te echan o te sancionan, en otros paises te matan.
    Para el caso de los cargos públicos, debe ser LO MISMO, puesto que ESTAN AHI PARA TOMAR DECISIONES COMPETENTES Y FUNCIONALES, y que para eso son electos como cargos, a través de elecciones «democráticas» populares.
    Es una toma de decisiones que ha causado y causará miles de bajas ciudadanas. Más claro ni el aire.

    Una vez que se equivocan las personas físicas en los altos cargos decisorios al no cerrar el tránsito entrante fronterizo en el momento adecuado, lo lógico y de justicia es pedir disculpas al pueblo, retirarles de sus cargos inmediatamente, y correspondientes sanciones y cárcel.

    Al mismo tiempo, lo lógico es poner a funcionar al ejército, bomberos, GEOS, personal militar extranjero en el país (OTAN), personal asalariado de Cruz Roja española, y demás, para llevar los packs de comida a cada hogar, por supuestísimo, cerrando farmacias y mercados de todo tipo.
    En lugar de deshacer todo a medias como lo deshacen.

    De esta manera que se está haciendo, con la impunidad de los altos cargos ejecutivos:
    Las cajeras, y el personal sanitario y de alimentación en general a currar y a exponerse al contagio.
    La gente de la casa Real, los altos cargos públicos, el ejército militar español, con todo su personal, GEOS, y los militares extranjeros en Rota y en otras bases de OTAN en España, o los bomberos, a descansar en sus despachos y en sus casitas de lujo.

    ¿Se abonará a las/os cajeras/os, enfermeras/os, médicas/os, auxiliares farmacéuticas/os el plus correspondiente por peligrosidad, y que otros con menor riesgo SI están cobrando?

    Esto es lo que algunas/os llaman España.

    ¿Te parece de justicia?

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