Pensiones

La Unión Europea y el desempleo son los dos factores que ponen en riesgo las pensiones españolas, pero en el caso del desempleo no por lo que comúnmente se cree (la falta de cotizaciones a la Seguridad Social) sino por la ociosidad de recursos reales que conlleva.

He aquí la fórmula para que las pensiones siempre sean pagables: incluir todas las pensiones en los presupuestos generales del Estado. Ya está, tan sencillo como eso. Ahora bien, para que esta fórmula sea aplicable España debería recuperar su soberanía monetaria. Solo entonces podría emitir de forma soberana todo el dinero necesario para hacer frente a las pensiones, ya que su pago no consta más que de transferencias desde la cuenta del Tesoro en el Banco de España a las cuentas que los receptores de las pensiones tienen en sus respectivos bancos. Para realizar estas transferencias el Estado no tendría ni que recaudar impuestos ni que emitir deuda, sino que podría hacer uso de la llamada financiación monetaria directa, es decir, de la transferencia de fondos creados mediante tecleos informáticos en el Banco de España a favor de las cuentas privadas de los beneficiarios de las pensiones.

Gracias a la financiación monetaria directa las familias españolas recibieron pensiones mucho antes de que existiera el sistema fiscal actual. Por ejemplo, a principios del siglo XX las familias de los veteranos de la Guerra de Cuba empezaron a cobrar una pensión gracias a un decreto del Rey Alfonso XIII. Sin necesidad de recaudar ningún impuesto ni de emitir ningún título de deuda, las familias de los veteranos acudían a las oficinas del Banco de España y mensualmente recibían en metálico su pensión. El uso de la financiación monetaria directa, es decir, el gasto por parte del Estado sin necesidad de emitir ningún tipo de deuda, se mantuvo más o menos inalterado hasta el mandato de Carlos Solchaga como ministro de economía en el gobierno de Felipe González y fue imposibilitado del todo con la entrada de España en el Euro.

Debido al Euro y a los tratados de la Unión Europea, España no puede emitir dinero de manera soberana. Su capacidad de gasto se ve limitada a un límite de déficit. Así, la diferencia entre el gasto público y la recaudación de impuestos no puede superar el 3%. Por tanto, España no puede gastar nada más que una cantidad equivalente a su recaudación de impuestos más un 3%. Es este arbitrario límite de déficit lo que pone en riesgo la capacidad de pago de nuestras pensiones.

Esto también significa que el papel que jugaba el Banco de España antes de la entrada en el Euro podría ser asumido por el Banco Central Europeo (BCE). Es decir, ahora la soberanía monetaria reside en el BCE. Si el BCE decidiera hacer frente al pago de todas las pensiones en la Zona Euro, podría hacerlo sin ningún tipo de restricción, ya que el BCE es el único emisor de Euros. Sin embargo, el BCE no asume ese papel y por consiguiente todos los países de la UE pueden potencialmente convertirse en insolventes.

Si España hiciera lo correcto y recuperara su soberanía monetaria dejaría de correr el riesgo de convertirse en insolvente y por tanto siempre podría hacer frente al pago de las pensiones. Ahora bien, la capacidad de pago de las pensiones solo garantiza uno de los dos factores de la sostenibilidad. El otro factor es la capacidad de producir bienes de consumo suficientes por parte de la economía española.

Una vez recuperada la soberanía monetaria, el pago de las pensiones estaría garantizado, pero sería posible que, debido al paro y a la ociosidad de los recursos productivos, la economía española no produjera los suficientes bienes de consumo como para satisfacer las necesidades de los trabajadores en activo y de los trabajadores jubilados.

Solo el pleno empleo de los recursos humanos y de los recursos materiales garantizaría que la economía española produjera lo suficiente como para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Por consiguiente, el Estado debería llevar a cabo políticas de pleno empleo permanente mediante planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo. Esta política de pleno empleo permitiría producir los suficientes bienes de consumo como para satisfacer las necesidades de toda la población, es decir, tanto de los trabajadores en activo como de los pensionistas.

Por desgracia, España ha optado por renunciar a su soberanía monetaria y por acatar las reglas de gasto de la moneda única. Esto ha conllevado la aparición en el ideario colectivo de verdaderos sinsentidos como “las arcas públicas” o “la hucha de las pensiones”. Tales cosas no existen, son solo inventos neoliberales que lo único que pretenden es imponer una austeridad absolutamente inútil sobre la población.

Hablar de arcas públicas supone aceptar la falacia de que el Estado debe recaudar dinero en arcas para luego poder gastarlo. Es decir, si el Estado abre sus arcas y descubre que están vacías no puede gastar ni hacer frente a sus deudas y por tanto se convierte en insolvente. Nada más lejos de la realidad. El dinero no es una mercancía como el oro, sino una medida incontable como el metro o el gramo. Decir que las arcas públicas están vacías y que por tanto el Estado no puede gastar es igual de absurdo que decir que el carnicero no ha podido vendernos sus productos porque se ha quedado sin gramos. Igual que el carnicero no puede quedarse sin gramos, el Estado no puede quedarse sin su propio dinero porque lo crea de la nada mediante tecleos informáticos en su banco central. Por tanto, hablar de arcas públicas es absurdo. Un país puede sufrir escasez de productos reales igual que un carnicero se puede enfrentar a una escasez en la producción de carne, pero no se puede quedar sin el dinero que crea, por tanto las arcas públicas no existen.

Lo mismo ocurre con la hucha de las pensiones. La corriente económica dominante le ha hecho creer a la población que los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social financian el pago de las pensiones. Así, le han hecho creer a los trabajadores que cada vez que pagan sus cotizaciones el Estado guarda ese dinero en una hucha para devolvérselo en forma de pensiones una vez que se jubilen. Nada más lejos de la verdad. El Estado recauda impuestos para tres cosas, a saber, controlar la inflación, dar valor al dinero e incentivar o desincentivar las diferentes actividades económicas, pero no para financiar nada. Un Estado monetariamente soberano podría si quisiera multiplicar el importe de las pensiones por tres, cuatro o por el número que sea, la capacidad de pago estaría asegurada, pero debido a la inflación que generaría el dinero del Estado perdería su valor. Por tanto, los estados eligen variar el importe de sus pensiones de manera controlada. No obstante, no existe ninguna hucha en la que el Estado guarde el dinero de las cotizaciones para luego devolvérselo a los trabajadores una vez jubilados.

En España tenemos la suerte de contar con un colectivo de pensionistas muy organizado, sobre todo en el País Vasco. Desde hace años, este colectivo se ha movilizado periódicamente para exigir el derecho a recibir unas pensiones dignas. La llegada al gobierno del PSOE y de Unidas Podemos ha hecho que parte de las demandas de los pensionistas hayan sido escuchadas y que las pensiones recuperaran parte de la dignidad perdida con los gobiernos del Partido Popular. La respuesta del enemigo no se ha hecho esperar. La Unión Europea ha publicado un detallado análisis de las pensiones españolas en el que “el Ejecutivo comunitario sobre todo alerta del impacto de la indexación de las pensiones y las modificaciones que el Ejecutivo de coalición quiere introducir a la reforma laboral. Bruselas advierte de que, con una deuda que prevé que continúe en el 96% del PIB el año que viene, los riesgos para la sostenibilidad fiscal siguen siendo «significativos a medio y largo plazo»”.

Por desgracia, el colectivo de pensionistas no cuenta con el apoyo de ningún partido de izquierda que le cuente la verdad sobre el origen de sus problemas. No obstante, sería muy importante que los pensionistas entendieran que la UE es la principal responsable de la inseguridad de las pensiones porque sus reglas de gasto convierten a los países miembros en potencialmente insolventes y no permiten llevar a cabo políticas de pleno empleo.

Los datos de las pensiones en España se pueden consultar aquí. En febrero de 2020, el gasto en pensiones fue de 9.872,32 millones de Euros, un 3,23% más que en febrero de 2019. Si España recuperara la soberanía monetaria para poder asegurar los pagos de las pensiones y para poner en práctica políticas de pleno empleo estos datos no supondrían ningún problema. Sin embargo, todo hace indicar que España seguirá insistiendo en el error de permanecer en la UE y en el Euro, por lo que las pensiones públicas seguirán estando en peligro.

Euro delendus est.