El Punto 10.7

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“No hay crisis financiera lo suficientemente profunda como para que un aumento suficientemente grande del gasto público no pueda resolverla”. Esta ley se conoce como Ley de Mosler, ya que fue formulada por el economista norteamericano Warren Mosler. Mediante ella analizaremos el acuerdo de “Coalición Progresista” entre el PSOE y UP, sobre todo en lo que respecta al punto 10.7. Así veremos cómo dicho punto es incompatible con el resto del documento.

La Ley de Mosler es aplicable a nuestra situación actual porque, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Zimbabue o Venezuela, la crisis económica que sufrimos no tiene su origen en las materias primas ni en los recursos reales, sino que es de carácter financiero. Por tanto, nos encontramos con que la economía española dispone de grandes cantidades de recursos reales que no pueden ser movilizados por falta de recursos financieros. En el caso del mercado laboral, esta inactividad afecta a 3.163.605 trabajadores, lo cual arroja una tasa de paro masiva de alrededor del 14%.

Ante esta situación, lo que la Ley de Mosler propone es aumentar el gasto público todo lo que sea necesario hasta que los recursos reales ociosos se incorporen a la actividad productiva, es decir, que el estado debería incurrir en el gasto vía déficit que sea necesario como para garantizar el pleno empleo de los recursos ociosos. Esto se consigue, bien mediante un aumento del gasto por parte del estado, bien mediante rebajas fiscales, o bien mediante la combinación de ambas medidas.

Por consiguiente, nos encontramos ante dos tipos de activos diferentes, los reales y los financieros. Los primero son finitos, los segundos no. En el caso del activo real más importante, el trabajo humano, que es origen de toda riqueza real, nos referimos a los trabajadores en activo. En el caso de los activos financieros, nos referimos al dinero. En una economía monetaria de producción como la nuestra, el acceso y la acumulación de dinero es lo que pone en marcha el circuito monetario. Por tanto, es de vital importancia comprender que el dinero solo es emitido por los estados, no por las empresas privadas ni por las familias. El estado es el emisor del dinero y el sector privado es el usuario del dinero. Esto convierte al dinero en una unidad de cuenta inmaterial que refleja el gasto realizado por los estados, igual que el centímetro refleja la distancia entre dos puntos, o el segundo el intervalo de tiempo entre dos sucesos. El estado no se puede quedar sin dinero porque lo crea de la nada mediante tecleos informáticos en el Banco Central, el sector privado sí que se puede quedar sin él porque lo ha de utilizar para pagar impuestos y adquirir bienes y servicios, pero no tiene capacidad de crearlo.

Lo que la Ley de Mosler nos dice es que el Estado debe hacer uso de su capacidad ilimitada para crear dinero hasta que mediante el pleno empleo se movilicen todos los recursos de la economía, sobre todo los recursos humanos.

El acuerdo programático entre el PSOE y UP ignora lo expresado por la Ley de Mosler. Por el contrario, sostiene que el Estado ha de recaudar impuestos para poder gastar, como si el dinero proviniera de las familias y de las empresas privadas. En concreto, en el punto 10.7 leemos lo siguiente: “Cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública […]”.

Nuevamente nos encontramos con el fenómeno que ya analizamos en el artículo dedicado al acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE en noviembre de 2019, es decir, un gran hincapié durante 9 puntos en los conceptos que se quieren desarrollar de manera conjunta y un punto 10 dedicado a los métodos que o bien debilita o directamente impide lo dicho anteriormente. Esta contradicción entre el qué y el cómo se llama neoliberalismo.

El economista australiano Bill Mitchell define como neoliberal “a toda persona que cree que el estado tiene que recaudar impuestos o emitir deuda para poder gastar”. El punto 10.7 del acuerdo entre el PSOE y UP se ajusta perfectamente a esta definición.

En vez de adoptar una postura antineoliberal como la expresada por la Ley de Mosler, según la cual una crisis financiera como la actual tiene que poder resolverse mediante el gasto vía déficit del estado, el PSOE y UP pretenden financiar un gran aumento del gasto público mediante impuestos que sobretodo recaigan sobre las grandes fortunas. Así hacen uso de análisis errados de economistas muy conocidos en el ámbito de la izquierda como Thomas Piketty, que en su famoso libro “El Capital en el siglo XXI” afirma sin ningún rubor que “son dos las formas principales en que un Estado financia sus gastos: impuestos o deuda”. El PSOE y UP caen de cabeza en este error y no entienden que el Estado gasta y recauda en su propia moneda, y que por tanto el gasto público ha de preceder a la recaudación de impuestos.

El gasto público no es más que otro nombre para el ahorro privado y el déficit no es más que gasto público en los bolsillos del sector privado todavía no recaudado por el Estado como pago de impuestos. Llevar a cabo una política de reducción de déficit como la defendida en el punto 10.7 invalida por tanto las políticas de creación de empleo recogidas en los 9 primeros puntos del acuerdo.

Propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores más empobrecidos como la subida del salario mínimo recogida en el punto 1.4 del acuerdo pueden efectivamente estimular la demanda y tener efectos positivos. Fórmulas como la del multiplicador monetario en la que tanta fe tienen los economistas de UP pueden efectivamente reactivar la economía, pero siempre de manera muy anémica. Si como todo hace indicar nos dirigimos hacia una nueva crisis financiera, las grandes fortunas simplemente despedirán a trabajadores o se irán con su dinero a otra parte para satisfacer sus pretensiones de ahorro (al fin y al cabo, los bancos privados y las grandes empresas siempre encuentran la manera de repercutir los costes derivados de los aumentos de impuestos sobre los consumidores). Entonces el gobierno del PSOE y UP no tendrá dónde recaudar y volveremos a sufrir las mismas penurias que sufrimos en 2008.

Algo parecido ocurre con la lucha contra el fraude fiscal. El acuerdo PSOE-UP pone gran énfasis en la lucha contra él con la esperanza de poder reducirlo y así recaudar más para poder gastar. Por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal es fundamental, pero el éxito o el fracaso de esta lucha no debe determinar la capacidad de gasto del Estado, los defraudadores no deben tener ese poder de decisión. Por tanto, es un error establecer una conexión entre el aumento de la recaudación y el aumento de la capacidad de gasto por parte del Estado como si tal cosa fuera un sucedáneo de la lucha de clases. No lo es. La verdadera lucha de clases se dirime en el control del nivel de empleo por parte del Estado. La izquierda debería arrebatar el control del nivel de paro al sector privado haciendo del acceso a un puesto de trabajo digno un derecho garantizado por ley. Para ello, es estado debería llevar a cabo políticas de pleno empleo permanente no generadoras inflación que incorporaran planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo. La recaudación fiscal pasaría así a desempeñar su verdadera función, que es la de moderar las presiones inflacionarias, dar valor al dinero e incentivar o desincentivar las diferentes actividades económicas.

Entonces todos los aspectos positivos del acuerdo entre el PSOE y UP, que son muchos, sí que tendrían la relevancia que se merecen, como por ejemplo el punto 2.17 que dice que “la asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos” o el punto 5.4 que dice que “desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio”.

La razón de introducir el neoliberalismo mediante el punto 10.7 podemos encontrarla en punto 10.8: la Unión Europea. En este punto leemos lo siguiente: “Estableceremos mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados y mejoraremos la eficiencia del gasto público, a través del Plan de Acción de la AIReF para la revisión del gasto (spending reviews, beneficios fiscales, gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, infraestructuras de transporte e incentivos a la contratación)”. La AIReF es la policía política de la Unión Europea y de la Troika para vigilar que España no se salga del límite de déficit impuesto por los tratados de la UE y el Euro. En vez de rechazar esta intromisión en la soberanía nacional, el pacto PSOE-UP la abraza, frustrando con ello cualquier esperanza de recuperación económica en favor de la clase trabajadora. Aceptar los mandatos de la AIReF supone aceptar la falsedad de que los déficits públicos ponen en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas y que por tanto todo déficit ha de ser combatido.

Por desgracia, tanto la política económica del PSOE como la de UP están en manos de economistas que podríamos tildar de neoliberales de buen corazón (tal y como refleja el logotipo de UP).

Por todo lo anterior, el objetivo de la izquierda en esta legislatura debería ser triple: hacer todo lo posible por eliminar el punto 10.7 de las políticas del gobierno de coalición, sustituir a los responsables económicos del PSOE y de UP por economistas no neoliberales, y sacar a España del Euro y de la UE.

Euro delendus est.

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